PRD: Pide Mouriño al PRI y al PAN no participar en la consulta sobre la reforma

Revista Proceso

Álvaro delgado
México, D.F., 9 de junio (apro).- Poco después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio como ganador a Felipe Calderón, el 5 de septiembre del 2006, Carlos Salinas estaba molesto, pero no por el fallo, que lo hizo feliz por frenarse a su enemigo Andrés Manuel López Obrador, sino por la ingratitud del panista.Salinas había tratado de comunicarse con Calderón para reunirse con él antes de la toma de posesión, el 1 de diciembre, pero César Nava Vázquez, el secretario particular, no quería tomarle la llamada, ni siquiera con la intervención de un allegado de ambos.“Salinas está muy enojado con Calderón, porque no le quiere tomar la llamada y a él le debe su triunfo. Dice que el marcador en el Tribunal Electoral estaba 4-3, con riesgo de convertirse en 3-4, que era la nulidad, y él hizo la unanimidad de 7-0”, reveló al reportero un prominente abogado panista --amigo de Salinas y de Nava--, quien pidió reserva sobre su identidad.Esta historia tenía cierta lógica en el contexto poselectoral del 2006, porque se sabía de magistrados que se inclinaban por anular la elección presidencial debido a las abundantes irregularidades en todo el proceso, particularmente por la violación de, al menos, dos principios constitucionales en la materia --la equidad y la certeza--, y sin embargo, en medio de la opacidad, se emitió un dictamen unánime.Ahora, a dos años de esa elección, aparece una rigurosa y exhaustiva investigación de José Antonio Crespo, experto en materia electoral y con una acreditada solvencia moral, que exhibe el “desaseo” y parcialidad de los magistrados para validar la elección presidencial y dar como ganador a Calderón.En 2006: Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, una de las muchas conclusiones de Crespo, profesor del Instituto de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es que el triunfo de Calderón no se sustenta “lógica y aritméticamente”, como lo aseguró el dictamen del TEPJF, después de desahogar las impugnaciones.--¿Entonces calderón no ganó? --le pregunté.--La respuesta no es “no ganó” Calderón, así solita, porque entonces implicaría que ganó López Obrador --dijo Crespo. Y enseguida soltó: “No se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.”Se trata de una frase lapidaria por cuanto significa para una democracia la falta de certeza de cuál fue, auténticamente, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y lo que implica en términos de legitimidad para, por ejemplo, llamar a la sociedad --con verdadera autoridad moral y política-- a combatir, junto con el gobierno y todas las instituciones del Estado, a la delincuencia. Crespo revisó lo que nadie hasta ahora: 63 mil de las 130 mil actas de casilla en 150 de los 300 distritos electorales del país, es decir, la mitad de casillas y distritos, una muestra que, por sí sola, arroja resultados esclarecedores sobre la elección.El principal es que, como él mismo lo dijo, ni Calderón ni López Obrador ganaron la elección, sino que no se puede saber el verdadero resultado porque, conforme a su investigación, existen 316 mil votos “irregulares” --es decir, los que no pudieron justificarse ni depurarse, porque no se abrieron los paquetes electorales-- son mayores al número de sufragios de ventaja del supuesto ganador, que oficialmente fue de 233 mil 831, equivalente al famoso .6%.Estas cifras desmienten a los magistrados del ETPJF que, en su dictamen, aseguraron, en primer lugar, que los errores de cómputo en las actas eran justificados y en segundo, que los votos “irregulares” no afectaban el resultado, porque no eran mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección.Por tanto, concluye Crespo, la elección debió haberse anulado, porque la existencia de tal cantidad de votos “irregulares” vulneró el principio constitucional de certeza. Es preciso subrayar, al respecto, que los 316 mil votos “irregulares” no son producto de una proyección a partir de una muestra reducida de actas y distritos, sino que fue producto de una revisión “acta por acta, inconsistencia por inconsistencia” que arrojó votos “contantes y sonantes”. Una proyección del total de actas y distritos arrojaría, entonces, que habría 633 mil votos “irregulares”, el triple de los que dieron a Calderón ganador. Crespo no niega que, de haberse depurado tal cantidad de votos “irregulares”, se hubiera producido el triunfo de Calderón, pero tampoco descarta que produjera una voltereta a favor de López Obrador. La única posibilidad de tener una “aproximación” mayor al resultado real es, dice, el recuento total de las boletas que existen en los paquetes. Sí, esos que el Instituto Federal Electoral (IFE), los magistrados del TEPJF y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no quieren que se abran, a petición por ejemplo del semanario Proceso, del investigador Sergio Aguayo y del propio Crespo, porque muy probablemente el resultado no sería el oficial.Ya hablaron las actas, gracias a Crespo. Ahora falta que, pese a todas las resistencias, hablen los votos.Por lo pronto el libro de Crespo aporta, demás, con base sólo en la revisión de las actas, que se han derrumbado lo que a su juicio dos mitos sobre la elección del 2006: El “magno-fraude electoral”, que sostienen los simpatizantes de López Obrador, y el “triunfo inobjetable e inequívoco” de Calderón. No se sabe quién gano, pues.Pero Crespo tiene razón: Si en la democracia se gana y se pierde con un voto, el corolario es que por un voto irregular no se pude saber quién resulta victorioso. Y en un contexto en que ha tomado fuerza la involución en todos los órdenes, entre ellos la impune adulteración de la voluntad popular –como en todos los procesos electorales locales después del 2006--, vale la pena tenerlo en cuenta… Como el trabajo que Salinas hizo con los magistrados a favor de Calderón, con quien, por supuesto, se reunió.ApuntesEn Querétaro un crimen conduce a otro: Resulta que, el viernes 6, un día antes de que se conmemorara el día de la Libertad de Expresión, el escritor Julio Figueroa recibió una notificación de arraigo domiciliario y un emplazamiento o demanda de parte de Federico Humberto Ruiz Lomelí, hijo del concesionario de Coca-Cola en ese estado y señalado como autor del asesinato, el 27 de noviembre del 2004, de Marco antonio Hernández Galván. Este personaje ha demandado también a Miguel Gerardo Rivera Alcántar, José Alfonso Rodríguez Sánchez, Gerardo Alcocer Murguía, Sergio Guerrero Patiño y Roberto Zamarripa de la Peña, así como a los periódicos Reforma y A.M. Ruiz Lomelí ha gozado de la protección del gobierno del panista Francisco Garrido Patrón, y esto implica un precedente nefasto para este nuevo episodio de impunidad… Ya que está en México el Comité de Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, es preciso que tome nota de este nuevo embate y no se quede con lo que Calderón les dijo hoy, martes 9, en Los Pinos, que respeta la libertad de expresión y demás palabrería… Calderón siempre ha sido un político irascible, intolerante, explosivo, pero ese talante ha llegado a extremos inadmisible para quien, en el papel, es el responsable del gobierno. Con motivo de la inundación de tabasco, el año pasado, amenazó a un lugareño con enviar a soldados para traerlo y hacer faena, como la que él hacía sólo para una fotografía propagandística. Hace unos días, consciente ya del fracaso de su estrategia contra el crimen organizado, responsabilizó a todo el mundo del trabajo que él está obligado a hacer y cuyas culpas quiere compartir. Ahora, como no encuentra auditorios donde pueda hacerse escuchar sin que se le eche en cara su ilegitimidad, hizo citar a la elite que usufructúa el presupuesto para decirle, en hora y media de palabrería, lo que deberían estar haciendo desde hace un año y medio: trabajar. Tenía razón el diputado Juan José Rodríguez Prats: El gabinete de Calderón es bastante mediocre… Resulta que, dentro del despilfarro que implicó la organización de una reunión denominada NASCO 2008, que incluyó el alquiler de carpas por 4 millones y medio de pesos, baños móviles de súper lujo y hasta 38 palmeras gigantes portátiles, el gobierno de Guanajuato, que encabeza Juan Manuel Oliva –consentido de Calderón--, le pagó 250 mil dólares a José María Aznar, el español propagandista de la derecha en México. Son dos millones y medio de pesos que, obviamente, salen del bolsillo de los guanajuatenses…

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AMLO afirma que Creel es un chivo expiatorio de la reforma

Su remoción como coordinador del PAN en el Senado responde a una ausencia y a la falta de apoyos al proyecto privatizador, dijo el tabasqueño.
La Jornada On Line Publicado: 10/06/2008 16:53

México, DF. La remoción de Santiago Creel como coordinador de los senadores del PAN responde a la ausencia y a la falta de apoyos al proyecto privatizador de (Felipe) Calderón, por lo que (Creel) se convirtió en el chivo expiatorio y le toca pagar "los platos rotos", declaró Andrés Manuel López Obrador.
Al reunirse en Tlaxcala e Hidalgo con integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el "presidente legítimo" agregó con relación a Creel Miranda: “En honor a la verdad, hablando con objetividad, él no es el culpable; el culpable es el pelele de Felipe Calderón, por querer imponer una política antipopular y entreguista”.
Por otra parte, dijo que a 18 meses de gestión, Felipe Calderón se ha convertido en un "hambreador del pueblo" y ahora juega el rol de "traidor a la patria" porque su intento es entregar el recurso a capitales extranjeros.
Ante ello, el político tabasqueño hizo un llamado a todos quienes apoyan la iniciativa de reforma del Ejecutivo, que le digan a su titular "que ya se ponga a trabajar porque no ha hecho nada desde que usurpó la Presidencia de la República".

Ante los brigadistas del Valle de Tulancingo, Hidalgo y Huamantla, Tlaxcala, afirmó que ninguna privatización ha traído beneficio alguno al pueblo de México y citó como ejemplo los casos de Altos Hornos de México, las Minas, la constructora DINA, los bancos y la empresa telefónica.

La rebelión de las televisoras contra Creel

jenaro villamil México, D.F., 3 de junio (apro).- La historia de una rebelión permanente inició un año atrás. Cuando los tres principales partidos políticos llegaron al consenso de reformar la Constitución para evitar que particulares o candidatos compraran espacio en los medios electrónicos con fines electorales, las dos grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, protagonizaron una inédita presión contra la reforma, que incluyó una histórica transmisión en cadena nacional de una audiencia protagonizada por los principales comentaristas de ambas televisoras y de los noticiarios radiofónicos más escuchados.“Es una violación a la libertad de expresión”, insistieron una y otra vez a través de sus espacios. “Es un acotamiento a la libertad de empresa, pero no busca la censura previa”, respondió la mayoría de los senadores que impulsaron esta reforma.El eje sustancial de la reforma es la redacción del nuevo artículo 40 constitucional y, en específico, el nuevo artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece lo siguiente en su apartado 2:“Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativas a los primeros, en la forma y términos establecidos en el presente capítulo”.El párrafo 3 del artículo 74 de la misma ley electoral, advierte que “los concesionarios de televisión no podrán alterar las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del IFE ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité”.El mismo artículo detalla que le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos definir las pautas de 20 segundos de duración. El 11 de mayo pasado, el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del IFE acordó que los spots de los partidos políticos se mantendrán hasta el 31 de julio de 2008.Esta serie de ordenamientos han generado una nueva rebelión de las televisoras. La transformación del IFE en una autoridad reguladora de radio y televisión, al menos en el aspecto electoral, es una de las derivaciones que más incomodidad les genera a los concesionarios. El otro punto medular es que la definición de la pauta de los spots se realiza en función de los acuerdos del organismo electoral y no de las necesidades comerciales de los concesionarios.En el fondo, el descontento fundamental es que se eliminan muchos de los incentivos que permitían que las elecciones se convirtieran en un multimillonario negocio de compra y venta no sólo de spots, sino también de favores políticos y empresariales, a favor de las televisoras.Si este ordenamiento hubiera existido en 2006, la Ley Televisa no hubiera sido aprobada en el Congreso. La presión ejercida por los operadores de la principal empresa mediática del país fue posible gracias a que en esos momentos los equipos de campaña negociaban con la televisora de Emilio Azcárraga Jean la pauta para los spots de los candidatos.El otro elemento que ha generado un profundo descontento en TV Azteca y en Televisa fue el acuerdo del 6 de mayo, en el que se establece que los tiempos oficiales que se utilizarán para la difusión de spots, serán distribuidos en forma igualitaria entre los ocho partidos con registro nacional.Se establece un rango de transmisión de 25 minutos previos y 25 posteriores a los horarios previstos en las pautas de transmisión, con el objeto de que las estaciones concesionarias de televisión cumplan con las obligaciones que hayan adquirido con terceros con anterioridad a la aprobación del documento.Esta disposición elimina el argumento, atendible ciertamente, de que las disposiciones para distribuir los spots podrían alterar la venta de espacios publicitarios que previamente ya hubieran acordado los concesionarios.TV Azteca inicia la batallaComo es su costumbre, TV Azteca llevó ante tribunales su litigio contra la reforma electoral. La estrategia de la empresa de Ricardo Salinas Pliego fue hábil. Mientras se definía el amparo, las pantallas de Canal 13 y de Canal 7 no difundieron ningún spot ordenado por la autoridad electoral. Esto generó que el IFE determinara una multa de 5 millones 259 mil pesos contra de la televisora por daños y perjuicios. En un comunicado, el organismo electoral advirtió que todas las determinaciones adoptadas en relación a este tema “han sido tomadas con estricto cumplimiento a las obligaciones

Germán Martínez destituye a Creel de la coordinación del Senado

Revista Proceso

Álvaro delgado
* También perfila la remoción de Héctor Larios en San LázaroMéxico, D.F., 9 de junio (apro).- Avalado en su momento por Felipe Calderón, a propuesta de Manuel Espino, entonces presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel fue hoy destituido de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado por Germán Martínez, el actual dirigente partidista, quien perfila también la remoción de Héctor Larios en la Cámara de Diputados.La decisión de Martínez, quien llegó al cargo por instrucciones de Calderón después de renunciar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), se produjo hoy en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en cuya instancia no se adelantó quién relevará a Creel, quien es también presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.De acuerdo con información preliminar, Martínez solicitó a Creel entregar la coordinación del grupo parlamentario en el Senado, supuestamente porque su desempeño no ha sido satisfactorio, de acuerdo con la evaluación que advirtió se haría desde que asumió la presidencia del PAN, en diciembre, y que también involucra al coordinador de los diputados federales, Héctor Larios.Cuando Martínez se convirtió en candidato único a la presidencia del PAN pactó darle legitimidad a su cargo y aceptó mantener en las coordinaciones a Creel y a Larios, nombrados por facultad estatutaria por Espino, quien aseguró en su momento que Calderón dio su aval.Las relaciones entre ambos, quienes junto con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, son prospectos a la candidatura presidencial panista del 2012, han sido siempre de poca confianza y aun de franco enfrentamiento, como el que se ha producido en episodios que involucran a al perredista Andrés Manuel López Obrador.La decisión además tiene que ver con el procesamiento de las iniciativas de reforma energética de Calderón, enviadas el 22 de abril, y en cuyo debate --que generó la toma de la tribuna por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP)-- han sido vapuleadas sin que haya expositores a favor.De hecho Creel hizo encolerizar a Calderón, Martínez Cázares y Mouriño cuando aceptó debatir con López Obrador sobre la reforma petrolera, aun antes de enviarse las iniciativas del gobierno, y después tuvo que desdecirse, a pesar que él y López Obrador habían designado inclusive a sus representantes.

Dio Gil favores a actual patrón (telefonía Movistar)

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, emprendió una batalla legal para eliminar un beneficio fiscal que Francisco Gil Díaz, titular de la dependencia en el foxismo, otorgó a Telefónica de México, de la cual es ahora, su presidente ejecutivos
Angelina Mejía y José Manuel ArteagaEl UniversalMiércoles 11 de junio de 2008
finanzas@eluniversal.com.mx
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, emprendió una batalla legal para eliminar un beneficio fiscal que Francisco Gil Díaz, titular de la dependencia en el foxismo, otorgó a Telefónica de México, de la cual es ahora su presidente ejecutivo.
Hacia el final de su gestión, Gil concedió a la empresa española, a Iusacell y a Unefón que se les aplicara la tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las llamadas de roaming internacional.
El 25 de septiembre de 2006, dos meses antes de que Gil dejara su cargo, Telefónica informó a sus socios que tras negociaciones con el área fiscal del gobierno se logró que no se cargara impuesto por los servicios de roaming.
Ahora, la actual administración inició una estrategia legal contra ese privilegio, ya que considera que el criterio al que se recurrió no fue el adecuado.
El beneficio se obtuvo con base en un convenio internacional. En marzo de 2005, representantes de Telefónica acudieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para confirmar el criterio contenido en el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, el cual es conocido como Convenio de Melbourne, firmado por México en 1991.
Ya con la nueva administración federal, el SAT promovió en diciembre pasado cuatro juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, con la finalidad de obtener la anulación de las resoluciones de 2005 y 2006 que favorecieron fiscalmente a las empresas.
Para el equipo hacendario actual, hubo una mala interpretación del convenio internacional. El SAT alega que este instrumento establece una exención y no la aplicación de la tasa cero. Este régimen posibilita que el particular sea doblemente beneficiado, pues puede exigir la devolución de impuestos. Consultada al respecto, la oficina de Gil no emitió comentarios.

Fideicomisos públicos subsidian negocios de los Mouriño

No dejes de leerte este reporte periódistico donde el secretario de gobernación español Juan Camilo Mouriño sigue haciendo de las suyas, y todavía lo que falta.

Revista Contralínea

A partir de que Juan Camilo Mouriño Terrazo se convirtiera en funcionario federal, las empresas del Grupo Energético del Sureste fueron beneficiadas con múltiples subsidios de la Secretaría de Economía, a cuenta de diversos fideicomisos, algunos de los cuales están actualmente bajo investigación judicial

Documentos obtenidos por Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, revelan que a partir de que Juan Camilo Mouriño Terrazo se convirtió en funcionario del gobierno federal –en el sexenio de Vicente Fox y con Felipe Calderón como su jefe inmediato en la Secretaría de Energía (Sener)–, las empresas del Grupo Energético de Sureste (GES) ingresaron como beneficiarias de diversos programas de gobierno destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas, y que algunas de sus compañías fueron creadas ex profeso para recibir subsidios.
En relación con el ascenso que obtenía Mouriño Terrazo en cargos públicos –hasta convertirse en titular de la Secretaría de Gobernación–, se incrementaron los montos en convenios y contratos que Pemex Refinación otorgó por adjudicación directa a Ivancar, empresa de la familia Mouriño, y aumentaron los subsidios del gobierno. Así prosperó GES, hasta ser uno de los consorcios con más poder económico y político en la región, con giros tan diversos como la venta de gasolina o la construcción de torres eólicas.El mismo año en que el ahora secretario ingresó a la Sener, el dinero público llegó a la familia Mouriño proveniente de diversos fideicomisos para la instalación y remodelación de locales; habilitación, equipamiento y remodelación de naves industriales; adquisición de maquinaria y equipo; capacitación, asesoría empresarial, desempeño ambiental, planeación financiera y promoción en ferias regionales.
Facturas, recibos y vouchers cobrados por Carlos Mouriño Terrazo (hermano de Juan Camilo) y Jorge Alberto Hernández Villanueva, director ejecutivo del GES a la Secretaría de Economía (SE) entre 2004 y 2006, de los que Contralínea posee copia, asientan que los montos obtenidos se derivan de programas “de carácter público, no patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes”.
Lo anterior supone violaciones a los artículos 47 fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP); 8 fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 220 y 221 del Código Penal Federal al estar impedidos, por su relación con un funcionario, a recibir beneficios económicos, en especie o de cualquier tipo, de dependencia alguna del gobierno federal.
Los artículos 2, 7, 8, 15 y 47 de la LFRSP prohíben a todo funcionario tener relaciones contractuales, convenios o cualquier asunto con el gobierno federal del que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
La misma ley impide a los funcionarios públicos y sus familiares tener beneficios económicos de cualquier programa de gobierno, pues significaría conflicto de intereses. El artículo 15 establece que procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la LFRSP se produzcan beneficios o lucro, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Marcha hacia el SurDivulgado por la administración de Vicente Fox como la panacea de desarrollo para los estados más pobres del país –Campeche, Chiapas, Yucatán, Oaxaca– el Programa Marcha hacia el Sur (PMS) es considerado como un fracaso más del gobierno y una felonía de los empresarios para con los lugareños, a quienes debían dar empleo con dinero, apoyo en especie y exenciones fiscales que a su vez el gobierno federal y los locales les otorgaban.
El 8 de marzo de 2001, en Tlapa, uno de los municipios de mayor rezago en Guerrero, Vicente Fox anunció la iniciativa que supuestamente apuntalaría a los estados de la región sur-sureste a un desarrollo más equilibrado con relación a las entidades norteñas: el gobierno otorgaría estímulos económicos, en infraestructura y exenciones fiscales a empresarios que crearan fuentes de empleo.
En aquel estado, que según la Organización de las Naciones Unidas ocupa el tercer lugar en pobreza y marginación del país, acompañado de algunos de los industriales que serían beneficiados con el programa, al hacerles rendir “protesta” como integrantes del Consejo Consultivo Empresarial, el entonces presidente dijo:“Ésta es la nueva clase empresarial de nuestro país; éste es el empresario de compromiso social; éste es el compromiso de empresarios que saben de su hipoteca social y que están dispuestos a cumplir con ella; éste es el compromiso de empresarios y de inversionistas que tienen cariño, amor a nuestro país. Por esto, no les vamos a dejar solos, vamos a trabajar juntos”.La fideicomitente Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó constituir, a través de Nacional Financiera (Nafin), el fideicomiso PMS, el cual sería dirigido y administrado por un Comité Técnico integrado por funcionarios de la SHCP y de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME), que encabezaba Juan Bueno Torio, quien quedó como presidente.
El 15 de marzo de 2001, el Diario Oficial de la Federación publicó las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de Gestión para la Asignación del Subsidio del PMS. Se estipuló que la aprobación de beneficiarias y asignación de recursos la realizaría la SPYME.
Entre 2001 y 2006, el PMS repartió 493 millones 717 mil 323 pesos a 392 empresas. En su Sexto informe de gobierno, Vicente Fox aseguró que los recursos que se distribuyeron mediante el fideicomiso garantizaron 116 mil empleos, capacitación e infraestructura a las empresas beneficiadas.Para recibir el dinero, muchos empresarios registraron a sus empleados como si estuviesen recién contratados. Otros, tras capitalizarse mediante los subsidios, desmantelaron sus empresas para ir en pos de otros apoyos. Tal fue el caso del multimillonario Kamel Nacif, quien con el PMS instaló su maquiladora en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, identificada como un centro de explotación de mano de obra indígena, que desmontó furtivamente para no pagar la liquidación a sus trabajadores.
Algunos más, como los Mouriño, crearon empresas para incluirlas en el fideicomiso. Los documentos en poder de Contralínea revelan que la familia del secretario de Gobernación fue otra de las beneficiadas de este programa que hoy es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Beneficios al GESLos padrones de beneficiarios obtenidos descubren que en 2004, cuando Mouriño Terrazo era funcionario de la Sener –en donde ocupó los puestos de director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico y de subsecretario de Electricidad–, el GES creó compañías ex profeso para recibir subsidios.Una de ellas fue Moteburguer, SA de CV, constituida en Campeche el 16 de abril de ese año, para operar franquicias de Burger King. El fideicomiso PMS le dio recursos para la compra de maquinaria y equipo, la capacitación de personal y de la administración para hacer de dicha empresa “un caso de éxito”.
Las reglas de operación del fideicomiso PMS destacan que los apoyos son otorgados siempre y cuando las empresas solicitantes no estén recibiendo apoyos de otros programas de la administración pública federal. En el caso de los Mouriño se omitió que sus compañías estaban empadronadas como beneficiarias de otros subsidios de la misma SE, como el Fondo Pyme y recibían también apoyos de programas sociales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Lo anterior supone el incumplimiento a dichas reglas; sin embargo, según declaró el director ejecutivo de GES, Jorge Hernández Villanueva, en un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales para la SE, la inclusión de Moteburguer en el PMS se debió “a la buena comunicación que se tiene con la Secretaría de Economía”. Agregó que el dinero del fideicomiso permitió al GES “concretar sus proyectos de inversión” en entidades como Veracruz, Campeche y Yucatán.
En septiembre de 2004 Moteburguer recibió 299 mil pesos para su restaurante de Campeche. Luego, casi todos los Burger King de los Mouriño recibieron subsidios. En cuatro años instalaron 11 restaurantes en las ciudades de Campeche, Escárcega, Chetumal, Palenque, Coatzacoalcos, Minatitlán, Salina Cruz y Frontera.
Aunque en 2005 la SHCP omitió asignar recursos al PMS, la administración del fideicomiso dispuso que de su patrimonio se otorgara recursos a Moteburguer. El 20 de junio se le entregaron 380 mil pesos a la sucursal de Othón Blanco, Quintana Roo, y 160 mil pesos al de Campeche. Según los documentos expedidos por el GES, el dinero lo recibió Carlos Mouriño Terrazo el 24 de junio. Entonces, su hermano Juan Camilo era vicecoordinador de campaña de Felipe Calderón a la Presidencia.
Subsidios al subsecretarioEn el periodo en que Juan Camilo Mouriño era subsecretario de Electricidad, en la Sener, las gasolineras del GES también recibieron dinero del fideicomiso PMS. El 23 de abril de 2004, a Servicio Héroes, SA de CV, ubicada en el número 288 de la avenida Insurgentes, en Chetumal, se le otorgaron 384 mil pesos. El mismo día, a Servicio Kaniste, 392 mil pesos.
Un recibo expedido por el GES el 10 de mayo de 2004, firmado por Carlos Mouriño Terrazo, indica que ese día el hermano del entonces subsecretario recibió otros 392 mil pesos del PMS, de los cuales –indica el documento– se emplearían 196 mil pesos para “la capacitación de 98 empleados en el municipio de Campeche”, y los otros 196 mil pesos para la “habilitación y el equipamiento de la Comercializadora de Servicio Kaniste”.
Otro recibo fechado el 8 de septiembre, donde Carlos Mouriño aparece como secretario del Consejo de Administración del citado consorcio, indica que recibió 312 mil pesos que serían destinados para la capacitación de 78 empleados y “el equipamiento de la Comercializadora de Servicio Héroes”.El 1 de octubre de 2004, el PMS otorgó a la gasolinera Servicio Sayanes, registrada en Mérida, Yucatán, 572 mil pesos. Tres recibos fechados el 7 de diciembre de 2004, firmados también por el hermano del secretario indican que el fideicomiso les otorgó otros 767 mil 500 pesos para su restaurante Moteburguer de Campeche, y sus gasolineras de Mérida y Chetumal.
Un recibo expedido el 25 de noviembre de 2005 indica que Carlos Mouriño recibió otros 91 mil pesos para remodelar el establecimiento Servicio Sayanes.A finales del sexenio, auditores del Órgano Interno de Control en la SE detectaron irregularidades en los recursos distribuidos en el PMS y abrieron una indagatoria. En septiembre pasado, la SFP inhabilitó por 20 años a Carlos Alejandro González Colsa, exsecretario técnico del fideicomiso. Se le responsabiliza de quebranto al erario por más de 211 millones de pesos, que representa el 43 por ciento de los recursos que manejó el fideicomiso. Además, la SFP le impuso una multa de 179 millones 874 mil 441 pesos, y la PGR abrió una indagatoria penal en su contra.
De acuerdo con información proporcionada a Contralínea por la SFP, la indagatoria sobre dicho fideicomiso continúa abierta. Las investigaciones involucran a los funcionarios que operaron los recursos y a las empresas beneficiadas.
La administración de Calderón Hinojosa decidió desaparecer el fideicomiso, de acuerdo con el oficio 100.2007.00594 fechado el 15 de junio de 2007, en el cual la SE solicita a la de Hacienda instruir a Nafin a extinguirlo.
A propósito de la extinción del PMS, en septiembre de 2007, en una conferencia de prensa, Raymundo Camacho Villa, secretario técnico del fideicomiso, aseguró que “en todo 2006 ya no se dio ningún apoyo”. Pero la información obtenida indica que a las empresas de la familia Mouriño se les otorgaron más de 2 millones de pesos ese año, autorizados por Carlos Ibarra Domínguez, María del Pilar Hiroishi Suzuki y Gustavo Meléndez Arreola, integrantes del Comité Técnico.
El 24 de marzo de 2006, se le asignaron 420 mil pesos a la sucursal Moteburguer en Minatitlán, Veracruz; al de Coatzacoalcos, 600 mil pesos. El día 31, a las de Escárcega, 275 mil pesos; Campeche, 275 mil pesos; Veracruz, 600 mil pesos. El 29 de mayo, el GES cobró otros 600 mil pesos para el restaurante de Coatzacoalcos, Veracruz; y el 23 de junio, 695 mil pesos para los de Campeche y Minatitlán, según recibos firmados por Jorge Alberto Hernández, apoderado legal del GES.
Además, en su portal de internet, la SE promociona al consorcio y en especial a Moteburguer como uno de los mayores “casos de éxito” mediante apoyos de gobierno.
La cercanía entre Eduardo Sojo Garza Aldape con Manuel Carlos Mouriño Atanes llevó a que en 2006 el empresario presentara el libro del actual secretario de Economía De la alternancia al desarrollo, en el cual se vanagloria del sexenio de Vicente Fox y su propio trabajo cuando se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República para las Políticas Públicas y coordinador del gabinete económico durante la administración 2000-2006.
De la empresa Moteburguer, la SE cita: “Este proyecto viene a satisfacer una demanda del consumidor, ya que la ciudad no cuenta con un restaurante de comida rápida de hamburguesas de esta naturaleza. Se ubica en el área comercial de mayor desarrollo de la ciudad, cercana a la población económicamente activa que labora en las dependencias de gobierno, bancos y empresas diversas situadas en esta zona. La visibilidad de este sitio es privilegiada y cuenta con accesos directos y es el paso obligado de la población, no tiene competencia en este giro”.
Coyotaje con NafinLas compañías del GES no sólo han obtenido todo tipo de subsidios del gobierno federal, sino que controlan todos los apoyos de la banca de desarrollo en el estado mediante el Centro Regional para la Competitividad Empresarial de Campeche, Nafin, cuyas instalaciones se ubican en la misma sede del GES, en las llamadas Torres de Cristal de la Avenida Ruiz Cortinez 112, colonia San Román.
En este centro, donde se realizan las reuniones corporativas del GES, se hacen las gestorías entre Nafin y los microempresarios que buscan financiamiento de hasta 150 mil pesos. Sólo por realizar el perfil de negocio, dicho centro cobra a los aspirantes el 1 por ciento del monto requerido, independientemente de que se les apruebe el crédito o no.
Además, uno de los amigos y exsocio de Carlos Mouriño Atanes y de María de los Ángeles Terrazo Blanco en TEISA, el empresario Santiago Espósito Semerena (propietario de la empresa de Maxi Aloe, subsidiada también por el gobierno federal) es integrante del Consejo Consultivo de Nafin en Campeche.De los programas que cubre la dependencia, como el fondo Pyme, en 2004, se les otorgaron 600 mil pesos por cada una de las siguientes empresas del GES: Prestadora de Servicios GES, Restaurantes GES, Moteburguer, Recubrimientos del Sur y a 35 de sus gasolineras.
Las estaciones de gasolina beneficiadas fueron: Servicio Mina, Estación de Servicio Subteniente López, Estación de Servicio Tres Brazos, Estación de Servicio Universidad, Gasolinera López Mateos, Gasolinera Zapata, Gasolinera Kin Ha, Gasolinera Lerma, Gasolinera Palenque, Gasolinera Sabancuy, Servicio Hecelchakaw, Servicio Calkini, Servicio Candelaria, Servicio Casa de Justicia, Servicio Escárcega, Servicio Halachó, Servicio Héroes, Servicio Hopelchén, Servicio Casa de Justicia, Servicio Candelaria, Servicio Isla Aguada, Servicio Isla de Tris, Servicio Jonuta, Servicio Kaniste, Servicio Lomas de Ocuitzapoti, Servicio Macuspana, Servicio Malecón, Servicio Monterrey, Servicio Novia del Mar, Servicio Nueva Frontera, Servicio Palizada, Servicio Sac Xan, Servicio San José, Servicio Sayanes, Servicio Xpujil.
En 2004 se otorgaron subsidios por 175 mil pesos por empresa, a cuenta del fideicomiso público FP2004-4158 del programa sistema de apertura rápida de empresas a las compañías Servicio Tintorero de Campeche, Moteburguer; tres apoyos a Restaurantes GES; y a siete sucursales de Tiendas GES de Conveniencia.
Ese mismo año el fideicomiso FP2004-1434, Consultoría Integral y Consultoría Especializada para Mejorar la Competitividad de las Mipymes (Red Centro-Crece), distribuyó 24 millones 200 mil pesos a 90 empresas, 39 de ellas son del GES.A cuenta del FP2004-1574 en la Expoferia de Campeche se dio apoyos por 33 mil pesos a las empresas Restaurantes GES, Desarrollo Inmobiliario y Prestadora de Servicios GES.
En 2005, las empresas Moteburguer y Prestadora de Servicios GES, SA de CV, fueron beneficiadas por el fideicomiso FP-2005-2409, que ese año operó 61 millones de pesos para el Programa de Consultoría y Capacitación para Mejorar la Competitividad de las Mipymes.

Más subsidiosUn legajo de recibos expedidos por el Fondo Pyme a diversas empresas del GES, documentan otros subsidios que el consorcio recibió entre noviembre de 2005 y octubre de 2006, periodo en el cual Manuel Carlos Mouriño Atanes era ya accionista mayoritario del club de futbol de primera división Celta de Vigo de la liga española.
El 30 de noviembre de 2005, Carlos Mouriño recibió 2 mil 400 pesos para que la empresa Prestadora de Servicios GES participara en el diplomado en competitividad empresarial.
El 5 de abril de 2006, Jorge Alberto Hernández recibió subsidios por 496 mil 291 pesos para que 33 empresas del GES: Restaurante Ges, Moteburguer y 31 gasolineras recibieran “consultoría especializada”.
El 18 de octubre obtuvo 15 mil 480 pesos para subsidio de la auditoría ambiental de las empresas Diesel y Lubricantes y TEISA.
El 19 de octubre, 85 mil 140 pesos como subsidio a una auditoría ambiental a las gasolineras Servicio Halacho y López Mateos; y las empresas Servicio Tintorero de Campeche, Servicios Corporativos GES, Negocios y Concesiones Mexicanas, Tesorera GES, Tiendas GES de Conveniencia, Esges, Grupo Energético del Sureste, Prestadora de Servicios GES, Gasovales.
Poco claros son algunos de los subsidios del GES, pues se les otorgó montos de fideicomisos que no corresponden a la ubicación de las empresas beneficiadas. Por ejemplo, el 10 de octubre la gasolinera Servicio Palizada, que se localiza en Campeche, recibió un subsidio de 10 mil 476.19 pesos para el plan integral de gestión ambiental, a cuenta del fideicomiso FP2006-1732 Crece Tabasco.
Del mismo fideicomiso, un monto similar se asignó a Servicio Monterrey, a la Gasolinera Macuspana, al Servicio Jonuta, a Servicio Frontera, a Servicio Lomas de Ocuiltzapotlan, Servicio Escárcega, Servicio Candelaria, Gasolinera Palenque, Gasolinera Zapata, Estación de Servicio Universidad, Estación de Servicio Mina.En 2006, la SE destinó a Campeche recursos por 1 millón de pesos para el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. De 79 empresas beneficiadas, 44 son del GES. Se autorizó el apoyo pese al incumplimiento de los requisitos puesto que el fondo era exclusivamente para dicha entidad y algunas de las empresas beneficiadas se ubican en Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
Ese mismo año la SE abrió el fideicomiso público FP2006-833 a cuenta del cual se destinó otro millón de ésos para consultoría y capacitación para la mejora competitiva de la Mipymes en el estado. Nuevamente recibieron apoyos 36 gasolineras del GES y las firmas Moteburguer, Restaurante GES, Prestadora de Servicios GES, Gasovales GES, Transportes Especializados Ivancar, Diesel y Lubricantes, Servicios Corporativos GES, Servicio Tintorero de Campeche, Tiendas GES de Conveniencia, Tesorera GES, Esges; y hasta el Corporativo GES.

Promoción políticaDe los apoyos monetarios a las relaciones políticas. Las inversiones de la familia Mouriño en el sureste son promocionadas lo mismo por políticos que por funcionarios públicos.
Uno de los mayores promotores de los negocios de la familia Mouriño es el gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien entre febrero de 1992 y abril de 1993 fue director general del Grupo Empresarial Gamma III, del cual Mouriño Atanes era socio junto con Jorge Castillo López y Ramón Espínola Toraya. El ya desaparecido consorcio se dedicaba a los desarrollos inmobiliarios. El compadrazgo es tal, que en sus informes de gobierno, Hurtado Valdez incluye la expansión de algunas firmas como Moteburguer, como uno de los logros de su gobierno.
Lo mismo ocurre en Tabasco, con la promoción que el gobernador de la entidad, Andrés Granier, ha hecho de los Burger King.
En julio pasado, Granier trasladó a un equipo de su gobierno, encabezado por el secretario de Desarrollo Económico, Mario de la Cruz Sarabia, al municipio de Frontera para inaugurar el restaurante de comida rápida. Junto al alcalde Nicolás Bellizia y Jorge Hernández Villanueva, el titular de la Sedeco destacaba que la expansión del consorcio de la familia Mouriño en el estado es “resultado de las gestiones del gobernador Granier”. A la fecha, la galería fotográfica del evento se publicita en el portal de gobierno de Tabasco donde se promueven los otros giros que opera el clan del secretario de Gobernación.

También la STPSEn 2003, Carlos Manuel Mouriño Atanes regresó a su natal Vigo, España, para integrarse como parte de la Junta Directiva del quipo de futbol Celta de Vigo, del que más tarde sería accionista principal. En México el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, incluía a algunas de sus empresas, entre ellas Prestadora de Servicios GES, en el padrón de beneficiadas con programas sociales de la STPS.
Para esta investigación se solicitó una entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño quien, a través de su área de prensa se negó a responder. Se buscó también al titular de la SE, Eduardo Sojo, y al director del consorcio, Carlos Mouriño Terrazo, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 01 de junio de 2008 Año 7 No. 103

Pedimos instituciones legales, no alcahuetes del régimen: AMLO

Grandes potentados presionan al presidente para que privatice la industria petrolera, reiteró.
La Jornada On Line Publicado: 08/06/2008 18:07
México, DF. Al concluir su gira por municipios del estado de Guerrero, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los potentados, sobre todo el empresariado español, están presionando al titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, para que privatice la industria petrolera.
En ese sentido, el político tabasqueño señaló que como una de las promesas de Calderón Hinojosa a quienes lo apoyaron en su campaña electoral de 2006 fue beneficiarlos de alguna manera, por eso insiste en llevar a cabo "a como de lugar", la privatización de la industria petrolera.
Y es que, agregó, ellos "tienen intereses muy fuertes, tanto nacionales, como internacionales”. Por eso, agregó, ahora que el "pelele de Calderón a España" les dijo a "sus jefes que todo va bien, porque los ha hecho ganar dinero".
Recordó además que el interés de las empresas españolas en la aprobación de la iniciativa se debe a que actualmente ya mantienen el 40 por ciento de la industria eléctrica del país.
En otro orden, López Obrador negó lo señalado por el historiador Enrique Krauze, en el sentido de que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo quiere destruir las instituciones gubernamentales del país: “No se equivoquen los intelectuales de derecha,, porque lo que queremos es que haya instituciones que realmente se apeguen al mandato constitucional y no alcahuetes del régimen”, sentenció.
Al reunirse con brigadistas de Chilpancingo, Iguala y Cuautla, el "presidente legítimo" recordó que el próximo 29 de junio se llevará a cabo en el Zócalo capitalino una asamblea nacional informativa sobre cuándo y cómo se realizará la consulta popular sobre la reforma energética.Por ello, llamó a los seguidores del movimiento antiprivatizador a sostener reuniones periódicas con el gobierno estatal y el congreso local para estar al tanto de que se realice dicha consulta.

México, en charola

Revista Proceso

Felipe Calderón inicia esta semana su primera visita de Estado a España, el segundo mayor inversionista en México después de Estados Unidos, pero lo hará sin la posibilidad de ofrecer todavía la liberalización en Petróleos Mexicanos (Pemex): La iniciativa de reformas a la industria petrolera permanece atorada en el Congreso mexicano y cada vez hay más dudas acerca de su aprobación, refiere la edición 1649 de Proceso.No obstante, será su oportunidad para “vender” y defender esta propuesta ante los capitanes de empresa españoles, asegura el economista Alberto Montero Soler, catedrático de la Universidad de Málaga, en entrevista con Proceso “No tengo duda de eso”, añade.Es aún más enfático: “Yo creo firmemente que esta visita, en un momento en que México se está planteando el tema de la apertura en materia energética, sin duda permitirá abordar aquí la entrada de Repsol a los negocios de Pemex. Será una visita donde se van a acercar los puntos de acuerdo acerca de la presencia de Repsol en el negocio petrolero mexicano”.El presidente mexicano también llega con la idea de impulsar la inversión de empresas españolas en los proyectos gubernamentales de construcción de infraestructura, como ya lo hizo en febrero de 2007. En aquel periplo de siete días que lo llevó por Alemania, Suiza, Gran Bretaña y España, Calderón ofreció el país al mejor postor para que invirtieran los dueños del dinero en el plan de infraestructura (Proceso 1579).El embajador de México en España, Jorge Zermeño, anunció que se buscan inversionistas españoles para el plan de infraestructura (aeropuertos, carreteras, trenes…), al que el gobierno mexicano inyectará 250 mil millones de dólares durante el sexenio.El funcionario hizo el anuncio durante unas jornadas organizadas en Madrid, el 29 de mayo, por la empresa Alerta, el despacho catalán Cuatrecasas, la entidad gubernamental ProMéxico y la consultora en comunicación política Ostos & Solá, de la que es socio Antonio Solá, el asesor de imagen de Calderón durante la elección de 2006, destaca el reportaje que aparece en Proceso, en su número 1649.

Extracción de petróleo

Cae crudo estadunidense en más de un dólar por barril

Por la mañana, el barril de light sweet crude para entrega en julio perdía 1.06 dólar a 137.48 dólares contra 138.54 dólares al cierre del viernes en Nueva York.
Reuters Publicado: 08/06/2008 19:01
Singapur. Los precios del petróleo cedían más de un dólar este lunes en las operaciones electrónicas en Asia, al parecer marcando el paso tras haber pulverizado un nuevo récord el viernes en Nueva York, según los corredores.
Por la mañana, el barril de light sweet crude para entrega en julio perdía 1.06 dólar a 137.48 dólares contra 138.54 dólares al cierre del viernes en Nueva York.
El viernes, ante el debilitamiento del dólar, el precio del crudo dio un salto de 10.75 dólares, el más importante que se ha visto en una sola jornada y en parte relacionado a las declaraciones del viceprimer ministro israelí, Shaoul Mofaz, quien ha evocado la posibilidad de un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes.
El barril de Brent para suministro en julio también estaba en baja, perdiendo 1.30 dólar a 136.39 dólares. El Brent también marcó el viernes un récord histórico, a 138.12 dólares antes de terminar a 137.69 dólares.
Los precios del crudo se han multiplicado por cinco desde 2003.

Pemex beneficia a Blue Marine y F Tapias.

Revista Contra línea

Nancy Flores
Irregularidades en la licitación para arrendar cinco buquetanques permiten a Pemex Refinación beneficiar a Blue Marine y a F. Tapias. La primera es investigada por PGR, SFP y ASF por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias; a la segunda, de origen español, Juan Camilo Mouriño le prometió contratos multimillonarios en la paraestatal mexicana. El negocio involucra más de 5 mil millones de pesos.



“Errores” en la redacción de las bases de la licitación pública internacional 18576018-022-07 de Pemex Refinación –que sacaron de la competencia a decenas de empresas- navieras–, aplazamientos en momentos clave del proceso y la renuncia de la Fundación Heberto Castillo como testigo social, luego de señalar actos de posible corrupción, permitieron a Blue Marine Shipping y a F. Tapias ser únicas finalistas.
El arrendamiento de cinco buquetanques con opción a compra involucra un gasto público por 5 mil 294 millones 775 mil 90 pesos: los precios por embarcación van de los 943 millones 885 mil a los 1 mil 93 millones 747 mil pesos. Por la importancia del monto, la contratación es considerada una de las más importantes en la subsidiaria que dirige Antonio Ceballos Soberanis y en la propia administración de Jesús Reyes Heroles.No obstante, desde la publicación de la convocatoria el 27 de diciembre de 2007, el proceso fue señalado por faltar a la transparencia y beneficiar a algunos competidores. Ahora, los cuestionamientos se centran en las dos finalistas.
Blue Marine –que tiene entre sus accionistas a Juan Antonio Marcos Issa, presidente, y Juan Reynoso Durand, director corporativo– enfrenta investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por incurrir en supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias en la paraestatal petrolera.
También vinculada a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, esta compañía ofrece a Refinación tres barcos, ya construidos, por 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos. Los otros dos, que implican una erogación de 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos, son de F. Tapias, cuyos accionistas son la trasnacional Teekay Shipping y el empresario nacido en Vigo, España, Fernando Fernández Tapia.
A inicios de julio de 2007, esta trasnacional fue invitada por el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño a hacer negocios en Petróleos Mexicanos (Pemex). Entonces, el funcionario se reunió con Fernández Tapia y varios navieros de Vigo –de donde es originario su padre, Carlos Mouriño Atanes–, y les propuso participar en el sector mexicano, según dio a conocer el diario español La Voz de Galicia.
Blue MarineDe acuerdo con indagatorias de la contraloría federal, Blue Marine Technology Group y sus subsidiarias –Blue Marine Shipping, Arrendadora Ocean Mexicana, Ocean Mexicana y Subtec– podrían estar implicadas en una red de tráfico de influencias que opera en Petróleos Mexicanos y sus cinco filiales.La principal línea de investigación para la SFP es la relación de Marcos Issa con funcionarios y exfuncionarios de la petrolera: el presidente del grupo se desempeñó como coordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Luego dejar el cargo, su red empresarial creada en 1998 creció al amparo de los contratos con la paraestatal. De 2003 a 2007, las filiales del grupo Blue Marine se han adjudicado 15 contratos por un total de 2 mil 394 millones 971 mil pesos: Arrendadora Ocean Mexicana ha signado 12 convenios con Refinación, por 1 mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción, por 520 millones 919 mil pesos.El negocio actual, por los tres barcos, significa 129.7 por ciento más de lo que este consorcio ha acumulado en cinco años, pues compromete recursos por 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos.
De acuerdo con la SFP, la supuesta red implicaría al actual director de Pemex Refinación, Ceballos Soberanis, quien en 2007 le asignó dos contratos, uno de ellos sin licitación; el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel; el exdirector y actual senador, Juan Bueno Torio, y el exsubdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores.
Fuentes de la paraestatal explican que entre los contratistas involucrados estarían Marcos Issa, alias el Ciego; su yerno, Juan Reynoso Durand, y el hermano de éste, Alfredo; así como Amado Omar Yáñez Osuna, accionista de la empresa Oceanografía –también vinculada a los hermanos Bribiesca–, quienes habrían conseguido millonarios contratos para sí y para terceros.Según las fuentes informativas, las contrataciones se obtienen a cambio de importantes comisiones, que van desde el 20 hasta el 40 por ciento del monto del contrato.
Además, la Auditoría Superior de la Federación mantiene investigaciones abiertas por irregularidades detectadas en dos contratos que Refinación otorgó a Arrendadora Ocean Mexicana en 2005. Más aún, el 6 de diciembre de 2007 presentó una denuncia penal ante la PGR, derivada de la revisión de la cuenta pública 2005.
De acuerdo con el máximo órgano fiscalizador, de las auditorías a Pemex Refinación “resultaron presuntos responsables servidores públicos de las gerencias de Recursos Materiales y de Operación y Mantenimiento Marítimo; dos superintendencias generales de Compras, y dos coordinaciones especialistas”, al causar daños al erario por 66.2 millones de pesos.
En el arrendamiento del buque Torm Asia –contratos 4500155808 y 4500171600, por 75 millones 72 mil pesos– y del buque Akrotiri –contrato 4500176478, por 24 millones 742 mil pesos–, la ASF determinó que no fueron fundados ni motivados bajo las mejores condiciones para el Estado: economía, imparcialidad y honradez.
Respecto del expediente que obra en la PGR, el 8 de abril pasado la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exigir a la dependencia que ya concluya sus investigaciones y para solicitar a Pemex que, mientras la procuraduría no cierre el caso, cancele la participación del grupo en sus licitaciones y evite contratar a dichas empresas.
No obstante, el 27 de abril Carlos Ramírez Fuentes, vocero de la paraestatal, dijo al reportero Roberto Garduño, de La Jornada, que Pemex “no tiene posibilidad de impedir que Blue Marine y Ocean Mexicana participen en licitaciones para rentar buquetanques a la paraestatal, porque no se conoce que se haya publicado circular alguna en la que se notifique la inhabilitación de las citadas empresas, condición necesaria para que el organismo pudiera abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con las mismas”.F. Tapias
El caso de F. Tapias inició en julio del año pasado, cuando el entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón y actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, platicó con uno de sus accionistas: Fernando Fernández Tapia, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, España.
Se trató de una reunión que sostuvieron navieros de Vigo con el funcionario mexicano, para tratar las posibilidades de negocio en el sector marítimo de México. En su edición del 18 de julio de 2007, el diario La Voz de Galicia cita: “El hijo del actual presidente del Celta, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio negociaciones a corto plazo. Aunque el proyecto se ciñe, de momento, a una declaración de intenciones, el ejecutivo de Calderón prepara una visita oficial a México del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y de empresarios gallegos, antes de final de año”.
Agrega que “Mouriño Terrazo declaró que su gobierno está ‘muy interesado’ en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego, situado entre los mejores del mundo. ‘Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversores gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector’, dijo tras reconocer que la construcción naval ha sido ‘maltratada’ en su país los últimos seis años”.
Ahora, F. Tapias se estrena con un negocio que le significa ingresos por 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos, a cambio del arrendamiento de dos buquetanques con opción a compra.
Supuestas irregularidadesEl proceso de la licitación 18576018-022-07 inició en enero de 2007, cuando Pemex Refinación convocó a “representantes de las autoridades marítimas y administrativas” y a terceros interesados en el arrendamiento de buquetanques a trabajar de manera conjunta las prebases y el modelo de bases.
La invitación formó parte de los compromisos a los que se obligó la paraestatal, luego de las investigaciones abiertas en la SFP y la ASF en su contra y de sus filiales Refinación y Exploración y Producción, relacionadas con el supuesto arrendamiento irregular de embarcaciones.
En las “reuniones de transparencia con terceros” –como las llamó Pemex, según el boletín de prensa 03/2008– se acordó que el plazo para entregar las embarcaciones sería de hasta 480 días naturales después de la formalización del contrato.
Sin embargo, las bases de la licitación marcaron un lapso de sólo cuatro meses, al suprimir el punto 13.1 que, sin embargo, sí se cita en la convocatoria publicada el 27 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y en el portal Compranet.
La eliminación dejó fuera de la competencia a decenas de empresas que participaron en las mesas de transparencia. Algunos inversionistas señalaron de manera confidencial que los “errores” beneficiaban a Transportación Marítima Mexicana (TMM) y a Blue Marine (Contralínea 97).
No obstante, TMM fue rechazada por la paraestatal, al considerar que su propuesta para arrendar dos buques incumplía los principios de la convocatoria. En el camino también quedó Inbursa, de Carlos Slim, que a principios de año había adquirido dos embarcaciones.
Además de la inconformidad de los empresarios, el proceso enfrentó la renuncia de la Fundación Heberto Castillo como testigo social del proceso. Ésta, junto con el ingeniero Edgar Fernández Gómez, fue contratada en julio de 2007 para legitimar los nuevos arrendamientos. Cada testigo cobró 320 mil pesos por sus servicios de certificación.
El pasado 1 de marzo la fundación rechazó firmar un segundo contrato relacionado con esta licitación y pidió a la SFP le fuera revocada su autorización de testigo social. La asociación civil presume actos de corrupción de su representante, David Shields Campbell, y se deslinda de todos los contratos amparados por éste.
No obstante la renuncia de la fundación, los trabajos para conceder los multimillonarios contratos continuaron. Sólo se registraron dos retrasos en momentos cruciales: la apertura de propuestas y declaración de ganadores, que pasó del 1 al 22 de abril, y la declaración de ganadores, que se recorrió del 15 al 31 de mayo.
Hasta el cierre de esta edición, fuentes cercanas al proceso aseguraron que éste no se declararía desierto: los contratos serían adjudicados a Blue Marine y F. Tapias.

Plan B, por Lydia Cacho

Periódico El Universal

9 de Junio

¿¡Ya basta!, señor Presidente?
Felipe Calderón tiene miedo. Pero no es el mismo miedo que tenemos 104 millones de mexicanos y mexicanas que sabemos que de 100 delincuentes que nos ataquen sólo dos irán a prisión. No es el miedo de los empresarios que saben que su cabeza tiene precio para los secuestradores. Ni el de periodistas que reciben granadas en sus redacciones, o cabezas y cuerpos mutilados a la puerta de sus diarios. No es el mismo miedo de familiares de las y los reporteros secuestrados, torturados, desaparecidos.
El Presidente tiene el miedo de quien cree que tiene el control de la situación y la realidad le abofetea en el rostro para recordarle que se equivoca. El asesinato de Edgar Millán desató su ira y el “¡Ya basta!” (aunque unos días más tarde nos aseguraron que vamos ganando al guerra. ¿Acaso Mouriño confunde la realidad con el score de su X-Box?).
Junto con su “Ya basta”, el Presidente expresó sus reclamos a la prensa y a los ciudadanos: “Es una exigencia sin excepción. A los ciudadanos para no ser cómplices de la ilegalidad, para denunciar los delitos, para avisar a las autoridades de los delitos, de las operaciones criminales. Para no solapar la existencia, ni en el barrio, ni en la ciudad (…) ni en la cámara empresarial de las organizaciones criminales”.
Esta retórica de corresponsabilidad valdría en un país en que el gobierno reconoce a la sociedad como interlocutora. Pero el gobierno de Calderón tendría que ser capaz de darle garantías y seguridad a las y los que siguiendo su “exigencia” arriesguen su integridad y la de sus familias. Pero algo no cuadra en este grito de guerra presidencial. Las y los periodistas que hacen justo lo que Calderón pide, son sometidos a juicios interminables como el que enfrenta Miguel Ángel Granados Chapa, o están muertos como Jesús Blancornelas y 30 más; o viven bajo amenazas como cientos de colegas. No es válida cuando el gobierno despolitiza y desprecia los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son una súplica moral, sino una exigencia legal para evitar (entre otras cosas) los abusos del poder en todos los ámbitos sociales. No se puede exigir a la sociedad que se sume a la guerra, mientras el Ejército y la policía tienen carta blanca para violar derechos y arroparse entre el patriotismo y la corrupción.
Yo le pregunto al Presidente. ¿Es una guerra contra las drogas o contra los poderes del narco? ¿En quién sugiere el Presidente que creamos? ¿Que denunciemos ante la policía infiltrada que vendió a Millán? ¿Acaso no tienen SIEDO y la Secretaría de Hacienda instrumentos para investigar la economía criminal en las cámaras empresariales? ¿Propone el señor Presidente que la gente común vaya a la policía local a denunciar las narcotiendas que los polis protegen? ¿Llama a la sociedad solapadora cuando en el Congreso están los priístas que generaron y alimentan un sistema sin estado de derecho que fortaleció al crimen organizado? ¿Quién solapa a los gobernadores y alcaldes asociados con el crimen organizado? ¿Quién se toma la foto a su lado? www.lydiacacho.net