Discrepan PRD y PRI de Kessel

Habrá tiempo para presentar propuestas de modificación a la iniciativa, indica Labastida.
Humberto Niño de Haro y Arturo Zárate Vite El Universal Viernes 27 de junio de 2008 finanzas@eluniversal.com.mx
Diputados y senadores de PRI y PRD rechazaron que la iniciativa de reforma energética entre a dictamen tan pronto concluyan los foros de debate que se realizan en el Senado.
Ayer la secretaria de Energía, Georgina Kessel, aseguró que el 22 de julio, fecha programada para la última mesa de análisis entre legisladores, se iniciará por “acuerdo parlamentario” la discusión y posible aprobación de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo.
Sin embargo, Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta, sostuvo que al término de los foros habrá tiempo para reuniones entre legisladores y para que PRI y PRD presenten sus propuestas de modificación a la iniciativa.
Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara Baja, dijo que Kessel “está fuera de la realidad”, pues después de los debates sigue la consulta pública, además de actos masivos en el zócalo.
En tanto, Héctor Larios, coordinador del PAN en San Lázaro, reconoció que habrá cambios a la iniciativa del Ejecutivo y, de aprobarse, no se hará tal cual.
No obstante, confirmó que hay un acuerdo legislativo para que una vez que termine el debate se proceda a dictaminar.
Adecuaciones al régimen fiscal
Expertos coincidieron en realizar cambios al actual régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para avanzar en la transparencia de recursos y en la asignación de partidas presupuestales de inversión dentro de la paraestatal.
Durante el 13 foro de debates, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, sostuvo que la renta petrolera de Pemex se extrae de forma adecuada con el actual régimen fiscal. Aunque, aclaró, debe complementarse para dotarla de mejores mecanismos para su operación.
Explicó que la propuesta del Ejecutivo federal busca reconocer un mayor límite en la deducción de los costos para petróleo crudo en el caso de Chicontepec y en aguas profundas.

Transportistas, contra el IETU

David Aguilar Juárez El Universal Viernes 27 de junio de 2008 david.aguilar@eluniversal.com.mx
La Confederación Nacional de Transportistas de la República Mexicana (Conatram), denunció que sus agremiados pagan más por la extorsión de policías estatales y federales en las carreteras que por el pago de peajes en las casetas de cuotas.
Ante esta situación, el presidente del organismo, Elías Dip, pidió que la Secretaría de Hacienda dé de alta en el SAT a las policías de caminos del país.
“Ojalá pudieran dar de alta a las policías para que nos dieran facturas. Es una robadera en todos lados y nadie te da factura”, expresó en conferencia de prensa, donde informó además que evaluarán protestar contra el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
El organismo busca sumarse a las iniciativas emprendidas por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.
Dip no definió si habrá paros o bloqueos a carreteras pero sí de la posibilidad de que unos 2 mil agremiados buscarán el amparo para no pagar el IETU, aunque más adelante reconoció que a la fecha sus agremiados no han pagado el IETU.
Aseguró que 97% de sus afiliados carecen de medios económicos para pagarlo. Declaró que en la próxima Asamblea del organismo, a realizarse el 23 de julio, los autotransportistas decidirán la forma en que protestarán por la aplicación del IETU. Al igual que Canacar, consideró que es inequitativo el pago de impuestos, porque no se reconocen como comprobantes fiscales los tickets que emiten las 369 casetas de cobro de peaje del país

Carrancá: legal, consulta sobre Pemex

Laura Poy Solano
El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas calificó de “injuria” la afirmación de la administración federal respecto a que no se tomará en cuenta la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, al considerar que en un país democrático es “imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”.
Interrogado sobre la declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en el sentido de que los resultados de la consulta no incidirán en la dictaminación de las iniciativas sobre la reforma, el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM afirmó que si bien no son vinculatorios “ni la consulta ni los foros, sí es vital atender el criterio de múltiples especialistas y mexicanos que estamos interesados en un asunto fundamental para la nación”.
Carrancá y Rivas insistió en que ante la polémica sobre el sustento jurídico para convocar a una consulta ciudadana sobre el tema energético, “destacadísimos juristas han afirmado que no hay necesidad de tanto alboroto, porque el gobernante puede consultar a quien quiera”, y señaló que es “absurdo” que se intente negar ese derecho, “cuando hay un claro sustento legal, y lo establece el artículo 27 constitucional, lo permite la Ley de Participación Ciudadana y el Estatuto de Gobierno del DF”.
Tras participar en el debate universitario sobre la reforma a Pemex, en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Tlatelolco, Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, afirmó que este domingo se darán a conocer la organización y fechas en que se realizará la consulta en todo el país durante la concentración convocada por Andrés Manuel López Obrador.
Al insistir en que ese ejercicio ciudadano es una alternativa a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón, convocó a la población a manifestar su opinión, y consideró “ridículo, absurdo y hasta triste” que el gobierno federal “ni siquiera reconozca los foros que se realizan en el Senado de la República, porque están empeñados en aprobar su reforma, y eso no va a ocurrir”.

Fallo de la Corte no amaina jornadas de lucha contra la Ley del ISSSTE

Maestros de la CNTE aseguran que el Congreso Nacional de Bases expulsará a Gordillo
Elizabeth Velasco y Mariana Norandi
Ampliar la imagen Marcha de trabajadores del Estado por avenida Juárez hacia la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: José Carlo González
En una nueva jornada de lucha, miles de manifestantes, maestros, politécnicos, electricistas, universitarios, tranviarios, telefonistas, mineros y trabajadores de los gobiernos federal y locales, así como del Poder Judicial, advirtieron a la administración de Felipe Calderón que continuarán las movilizaciones y la lucha legal hasta lograr la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además que no pasará la iniciativa para privatizar el sector energético.
Sobre Elba Esther Gordillo adelantaron su “expulsión definitiva” de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el Congreso Nacional de Bases, que este 11 y 12 de julio efectuará el magisterio en un encuentro donde se tiene “el apoyo de más de un millón 300 mil mentores de un total de un millón 600 mil que integran el SNTE”, según los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Declararon, además, el inicio de la lucha contra la Alianza para la Calidad de la Educación, suscrita por el gobierno y el SNTE, la cual “implica un golpe a la educación pública y a los derechos laborales de los mentores, desde el nivel básico al superior”.
Artemio Ortiz, de la dirigencia de la CNTE; Agustín Rodríguez, del STUNAM; Hermelinda Hurtado, del SITUAM, y José Luis Vega, del Frente Sindical Mexicano (que agrupa al SME, UNT y varias agrupaciones), entre otros, aseguraron que para defender los derechos sociales ya adquiridos (jubilación y pensiones, los más sentidos) llegarán a la huelga nacional, este 1° de septiembre. “Vamos a reclamar lo que por ley nos corresponde como trabajadores”.
La movilización se realizó ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que calificó de constitucional, en lo general, la Ley del ISSSTE.
Pasadas las 10 de la mañana el contingente partió del plantón que se ubica frente a las oficinas centrales del ISSSTE, encabezado por la CNTE; según cifras de la policía capitalina se manifestaron mil 500 personas, mientras los organizadores calculan unas 5 mil.
De forma simultánea, inconformes con esa ley expresaron su repudio en 23 entidades del país; en Baja California Sur se bloqueó el acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos.
Maestros de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y de otras entidades llegaron a la ciudad de México para manifestar su repudió a la resolución de la SCJN. Entre consignas de “Va a caer, va a caer, la reforma de Elba Esther” y “Los ministros de la Corte son una bola de torpes”, los manifestantes arribaron al Zócalo capitalino pasadas las 11:30 horas, para después realizar un mitin frente a la sede de la SCJN, que finalizó a las 13 horas.En sus discursos, los dirigentes advirtieron que pese al dictamen de la Corte, “la batalla sigue” y emplazaron al gobierno federal, a los juristas y a la propia Corte a que respeten la Constitución y las instituciones. “Esta lucha va a llegar hasta la huelga nacional”, advirtieron.

Desfiladero

Jaime Avilés
■ De la discoteca a la privatización: ¿consulta popular o barricadas?
El viernes de la semana pasada, antes, durante y después de la mil millones de veces estúpida tragedia de la discoteca News Divine –que mató a nueve adolescentes, una muchacha policía y otros dos uniformados adultos–, la guerra del narcotráfico produjo 11 muertes: cuatro en Torreón, cuatro en Guerrero y tres en Culiacán. El sábado, mientras la gritería de los medios subía de tono en contra del Gobierno del Distrito Federal, los muertos del narcotráfico fueron en total 20: seis en Sinaloa y 14 más, esparcidos en Guerrero, Durango y Chihuahua.
Entre el domingo, día prácticamente sin noticias en televisión, y el lunes, cuando el linchamiento mediático anti Marcelo Ebrard llegó al clímax, el saldo de la “ola delictiva” fue de 49 muertos: 12 reportados el domingo y 37 confirmados el lunes, aunque muchos de ellos habían fallecido la víspera. El martes, la “cosecha” de cadáveres fue de 13: ocho en Chihuahua, uno en Guerrero y cuatro en Sinaloa, mientras en Culiacán era secuestrado el periodista deportivo José Carlos Campos, hermano de Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, casa de encuestas que un día antes afirmara que después de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, Felipe Calderón tenía el segundo lugar de “aceptación” entre los “líderes” de América Latina.
El miércoles, el saldo fue de 11 asesinatos: ocho en Sinaloa, uno en la frontera norte (“ayer fue el día menos violento en Ciudad Juárez, ya que sólo fue localizado un hombre sin vida con al menos 17 balazos”, escribió nuestro corresponsal en aquella plaza), uno más en Sonora y otro en el estado de México, mientras en Culiacán era liberado, por fortuna ileso, el hermano de Roy Campos, y en Chihuahua se confirmaba el secuestro de Erika Posselt, cuñada de Silvestre Reyes, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos. La mujer también fue liberada, un día después, gracias al pago de 35 mil dólares de rescate.
Por último, el jueves, los muertos fueron 19: cuatro en Sinaloa, cuatro en Chihuahua, tres en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Nayarit, dos en Mexicali y dos en el Distrito Federal. En síntesis, a lo largo de la semana pasada, la guerra entre las bandas del narcotráfico y contra las llamadas “fuerzas de seguridad” ocasionó la muerte de 123 personas. Sin embargo, ¿de qué hablaron y siguen hablando, obsesivamente, los medios? De la tragedia en la discoteca, que escudriñaron desde todos los ángulos, como acostumbran cuando analizan los juegos de futbol.
Una sola pregunta: ¿por qué no examinan con la misma “profundidad” la carnicería desatada, entre otras cosas, por la “política” de Calderón hacia el narcotráfico? He aquí algunas pistas: “México se ubica en el sexto lugar en delincuencia organizada en el mundo; las mafias mexicanas operan en 38 naciones y controlan entre 50 y 60 por ciento de los gobiernos municipales del país”, asegura Eduardo Buscaglia, asesor de la ONU sobre temas del narcotráfico.
Buscaglia ha repetido en diversos foros que las empresas de las drogas ilícitas se vinculan con los políticos para ayudarlos a convertirse en diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera; a cambio, éstos les permiten actuar dentro de los territorios que administran, hasta que los papeles se invierten y el dinero y las armas del narcotráfico toman el control de la policía y de las calles. Pero, han dicho otros expertos, los problemas se multiplican cuando los funcionarios “venden” la ciudad o el estado que “gobiernan” a dos cárteles al mismo tiempo, como ha ocurrido, desde el sexenio de Fox, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango y tantas más.
Para Calderón la naturaleza del problema es otra, de acuerdo con lo que dijo el viernes de la semana pasada (La Jornada, 20/06/08, p. 16) en Aguascalientes: “los criminales ya no sólo trafican la droga a Estados Unidos, sino que buscan crear un mercado en territorio mexicano”. ¡Oh! ¡Qué revelación! Si el “jefe” de las fuerzas federales ignora que en México hay un gigantesco mercado de drogas; si no sabe que los cárteles mexicanos exportan a 37 países, aparte de Estados Unidos; si desconoce que nuestra mafia va en sexto lugar en el campeonato mundial del crimen organizado, debajo de la rusa, la china, la colombiana, la libanesa y otra que se me escapa; y si no percibe que la mitad de los municipios están en manos de narcotraficantes, la verdad está perdido. ¿Usted aprobaría que un hombre así vendiera nuestra industria petrolera a un puñado de empresarios españoles para supuesto beneficio de usted mismo? Pero no nos desviemos del asunto.
Lo peor de todo no es que haya un gobierno incompetente, irresponsable y corrompido hasta la médula, sino que los medios no cumplan su función más importante, que es la de vigilar al poder para corregirlo mediante la crítica. Regresemos entonces al caso de la discoteca. Marcelo Ebrard tiene la mano muy pesada. Y se le nota. La rudeza, muchas veces innecesaria, fue el signo distintivo de la policía capitalina cuando estuvo bajo su mando (y si no que le pregunten a los travestis de Brigada Callejera, que hoy luchan por la aprobación de una ley que permita la fabricación de antirretrovirales genéricos). Esa brusquedad se vuelve palpable ahora, cuando como jefe de gobierno repara una avenida: mete las máquinas, corta el tráfico y provoca embotellamientos que podrían evitarse.
Esa falta de delicadeza –manifiesta en las agresivas luces de las torretas de las patrullas, que de noche lesionan el cerebro de automovilistas y peatones, pero no sirven para disuadir al hampa– se convirtió en auténtica brutalidad durante el episodio de la discoteca, que puso de relieve, sobre todo, un hecho cultural nacido de la pobreza, el desamparo y la ignorancia de los jóvenes y sus padres; la corrupción del delegado Chíguil y del dueño del antro, y la estupidez de los policías que planearon y llevaron a cabo una captura de reses sin pensar un segundo que estaban arreando a seres humanos.
¡Cárcel a Chíguil, al empresario, al jefe del operativo y a los agentes que después pasearon y vejaron a decenas de muchachas! Pero, ojo, de allí a la renuncia de Joel Ortega hay un abismo. Si Ebrard le entregara la Secretaría de Seguridad Pública a Calderón, éste pondrá allí a alguien que, dentro de unos meses, “fracasaría” de tal modo que se vería “obligado” a pedir la presencia del Ejército en las calles del DF. ¿Alguien quiere retenes militares en Insurgentes?
En descargo de Ebrard debe subrayarse que ha sido el gobernante más leal, en todo sentido, al proyecto de nación que encabeza López Obrador y a quienes lo eligieron como jefe de Gobierno para que impulsara el programa social que está desarrollando. Además, no ha tolerado que el narco protagonice aquí balaceras con granadas y bazukas, al estilo Culiacán, y mucho de ello se lo debe a Joel Ortega. Así que nada: la derecha trata de acorralarlo para tirarle la consulta popular del 27 de julio sobre el destino de Pemex, y eso está clarísimo. Por lo pronto, mañana al Zócalo, pues la Kessel ya dijo que tras el debate en el Senado habrá privatización, es decir, ¿barricadas en las principales carreteras de la República?
Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com y para conocer la nueva versión de El Loro Negro, www.eloronegro.blogspot.com

Sin trabajar, Gordillo cobra 2 salarios en Edomex: como directora y maestra

■ Según información de los SEIEM, en la misma situación está Rafael Ochoa, secretario general del sindicato
S. Chávez, J. Salinas y R. Ramón (Corresponsales)
Ampliar la imagen Respuesta de los SEIEM a la solicitud de información sobre las plazas laborales de los dirigentes del SNTE
Ampliar la imagen Elba Esther Gordillo Morales y Rafael Ochoa Guzmán, presidenta y secretario general del SNTE, en imagen de archivo Foto: Foto La Jornada
Nezahualcóyotl, Méx., 27 de junio. La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, cobra dos salarios dentro del magisterio mexiquense: uno de directora y otro de profesora de primaria. Sin embargo no ejerce ninguna de las dos funciones, pues como cientos de profesores de todo el país, está comisionada –licencia con goce de sueldo– para realizar tareas en el sindicato.
En la misma situación se encuentra el secretario general, Rafael Ochoa Guzmán, sólo que éste ocupa la plaza de jefe de sector de educación primaria, cuya licencia con goce de sueldo le fue renovada el pasado primero de enero con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
No obstante, el dirigente sindical de la sección 36, Alberto Hernández Meneses, dijo a este diario: “No podemos dar información de eso, lo desconozco; los compañeros electos trabajamos para mejorar la educación, reivindicar a los trabajadores y fortalecer al sindicato”.
En la sección 36 están afiliados 55 mil profesores, distribuidos en 2 mil 800 planteles educativos de 58 municipios, divididos en seis regiones.
Según la página electrónica oficial del SNTE, en sus seis sedes regionales en los municipios de Naucalpan, Cuautitlán, Tecámac, Ecatepec, Valle de Chalco y Neza, cuentan en total con 645 “secretarios delegacionales y representantes de centro de trabajo”.
Mediante una solicitud de información pública presentada ante los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), dependencia estatal encargada de administrar las escuelas federalizadas que existen en la entidad mexiquense, se conoció que Elba Esther ocupa dos plazas con categorías de director de primaria, foráneo y maestro de grupo de primaria, foráneo.
En un inicio, la dependencia se negó a responder a la solicitud hecha por un ciudadano y, además, no reveló los sueldos que cobran Gordillo Morales y Ochoa Guzmán, con el argumento de que las plazas que ocupan no son de alto ni mediano rangos.
Sin embargo, profesores que ocupan plazas similares en el magisterio federalizado, señalaron que un director de primaria foráneo cobra 14 mil pesos mensuales, un profesor de primaria 7 mil y un jefe de sector de educación primaria 16 mil, cantidades que parecen insignificantes ante la riqueza que han mostrado ambos líderes sindicales.
La información fue proporcionada por los SEIEM a partir de una solicitud de acceso a la información, cuya respuesta, en primera instancia, fue que la información era reservada y confidencial. Después de cuatro meses, por votación unánime, los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), decidieron desclasificar los datos solicitados, tras analizar un recurso de inconformidad presentado por el mismo interesado contra la primera resolución del SEIEM.
La profesora de Neza
Elba Esther Gordillo inició su actividad dentro del SNTE en los años 70 cuando era profesora de una primaria en Nezahualcóyotl, estado de México. Sin embargo, el SEIEM informó que actualmente Gordillo Morales no se encuentra asignada a ningún plantel específico de la entidad, pues tiene permiso para realizar tareas sindicales.
Según datos del gobierno mexiquense, 227 profesores, de los más de 50 mil que laboran en la entidad, están “comisionados” a alguna actividad sindical. Sin embargo, para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los llamados comisionados realizarían actividades partidistas en favor de PRI, Nueva Alianza y PAN, y en especial de Felipe Calderón.
Pedro Ramírez Vázquez miembro de la dirección política de la CNTE –ala disidente– explicó que las ausencias de los profesores son justificadas por el SNTE, con el argumento de que se asigna personal a actividades de distintas áreas de escuelas públicas o de administración.
Hasta diciembre del año pasado y en el actual ciclo escolar, sostiene, los SEIEM contaba con una lista de 550 profesores que en la entidad se ausentan para operar como “comisionados”.
Al mismo tiempo, la Oficialía mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un listado de 500 profesores más que tienen permiso para desempeñarse como personal de apoyo o “comisionados”, también al servicio del sindicato.
En total podrían ser hasta 2 mil profesores que cobran salarios de 15 mil pesos más prestaciones de ley. Sin embargo, “eso es lo que se ve, pero la cifra de ausentes podría triplicarse, ser más de 3 mil comisionados, y me quedo corto”, dijo.
Los llamados comisionados cobran como jefes de sector, de departamento, de supervisores escolares. A su voluntad realizan labores de apoyo, de auxiliares o de plano son choferes de los dirigentes, engrosando así la nómina burocrática y sin desempeñar su trabajo docente. Pero también son trasladados desde el estado de México a otras entidades, donde existen procesos electorales y sirven de apoyo a PRI y Nueva Alianza; y como quedó comprobado en el proceso electoral de 2006, también al panista Calderón Hinojosa.
Además de esta situación, los profesores denunciaron que en los meses recientes algunos de sus compañeros que cuentan con varios años en la docencia y han sido disidentes o activistas, sufrieron hostigamiento de las autoridades para que acepten su jubilación, a pesar de que cuentan aún con vitalidad para desempeñar su labor.
El acoso del sindicato, aseveran, ha infundido miedo entre la plantilla magisterial que se ha caracterizado por no pensar como los dirigentes del SNTE. “A mí me descontaron 800 pesos en el último pago quincenal de 8 mil pesos” aseguró el profesor Carlos Velásquez Enríquez, director de la Telesecundaria 211 de la colonia popular Valle Dorado, único plantel mexiquense controlado por disidentes del SNTE.
“Nos reconocemos como parte de la CNTE”, dice José de Jesús Loredo García, también profesor de la telesecundaria quien señaló un descuento de 570 pesos de su salario base de 4 mil pesos.
Así, mientras a los mentores disidentes les aplican descuentos injustificados a su salario y pretenden jubilarlos por la fuerza, hasta ahora se sabe que Gordillo Morales es dueña de residencias y departamentos de lujo tanto en la ciudad de México como en Estados Unidos; además se le atribuye una fortuna personal en varios millones de dólares.

En dos etapas se desarrollará la consulta pública sobre el futuro del sector energético, informa López Obrador

México, Distrito Federal Viernes 27 de junio de 2008
Convoca a los ciudadanos a participar en la asamblea informativa del próximo domingo, menciona * Es un tema de interés nacional y Calderón tiene el deber de consultar al pueblo, destaca * Asegura que Repsol es la empresa favorita del presidente pelele; le autoriza contratos millonarios Por tratarse de un asunto de interés público y de la protección del patrimonio de la Nación, Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a participar el próximo domingo en la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. A partir de las 10 de la mañana, se darán a conocer en el Zócalo capitalino los detalles de la consulta popular sobre el futuro del sector energético, informó a los micrófonos del matutino “La Red” de Radio Red. El presidente legítimo de México adelantó a los conductores del mencionado informativo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, que la consulta ciudadana se desarrollará en dos etapas. La primera se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal y en aquellos municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista, explicó. La segunda fase podría programarse para la primera quincena de agosto y abarcará los 31 estados de la República, aclaró al comentar que las preguntas formuladas por el Instituto Electoral del Distrito Federal se aplicarían en ambos ejercicios ciudadanos. Por tratarse del tema más importante en la vida nacional y del destino de millones de mexicanos y de las futuras generaciones, el gobierno usurpador de Felipe Calderón debe aceptar que su iniciativa de reforma energética se someta al escrutinio público. “Hay que preguntar de manera directa al pueblo, porque es el pueblo el que decide”, subrayó. En su propuesta de reforma energética, Calderón Hinojosa intenta otorgar un régimen de excepción a los 15 integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que representa a todas luces la legalización de la impunidad, afirmó. En el transcurso de la entrevista, López Obrador manifestó que el caso Repsol es un claro ejemplo de la corrupción imperante en el gobierno calderonista. La firma española se ha convertido en la empresa favorita del presidente pelele, puntualizó. Hizo énfasis en que Calderón puso en manos de Repsol un contrato de 21 mil millones de dólares para el abasto de gas, que se importa desde Perú. A costos reales, la operación no debería rebasar los 6 mil millones de dólares, pero las bases de licitación se elaboraron a la medida de las necesidades de la compañía española, con la deliberada intención de que obtuviera una utilidad superior a 15 mil millones de dólares, aseguró.

No podemos posponer la extracción de crudo para hacer más refinerías: Kessel

■ La titular de Energía admite que no cualquier reforma resolverá seriamente los problemas que vive el país
■ Debe revertirse la caída de las reservas, advierte en acto con ingenieros petroleros
Juan Antonio Zúñiga
Ampliar la imagen Georgina Kessel, titular de la Secretaría de Energía, en conferencia de prensa sobre yacimientos transfronterizos y refinación de petrolíferos, el pasado día 11 Foto: Cristina Rodríguez
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel Martínez, descartó que puedan postergarse las actividades de extracción de petróleo crudo y, en su lugar, hacer refinerías. “No podemos posponer la restitución de las reservas probadas y en su lugar construir ductos y terminales de almacenamiento”, dijo.
Pero inmediatamente apuntó: “tampoco se trata de seguir produciendo hidrocarburos y enviarlos al extranjero, como hoy ocurre, para que sean otros, no los mexicanos, no los ingenieros petroleros del país, quienes se beneficien por la transformación del petróleo y el gas”.
Al acudir con la representación presidencial a la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, la funcionaria consideró “absurdo” que actualmente México importe productos derivados del petróleo, y admitió que “no cualquier reforma resolverá seriamente y de la misma manera los problemas que estamos viviendo”.
Descartó que pueda hablarse de seguridad energética del país si cuatro de cada 10 litros de gasolina y uno de cada siete de diesel provienen del extranjero, si se importa uno de cada tres kilos de gas LP y uno de cada ocho metros cúbicos de gas natural, y “si solamente tenemos un día de inventario de petrolíferos en los periodos de alta demanda, particularmente en el centro del país”.
“De a muertito”
Kessel Martínez confesó a los ingenieros petroleros que esta administración pudo haber nadado “de a muertito” porque, de acuerdo con los cálculos que hicieron en materia petrolera, “no tendríamos problemas mayores en materia de abasto e ingreso”. Pero como en menos de una década el país podría enfrentar el riesgo de una crisis energética –dijo–, “nuestra convicción y nuestros ideales han sido más fuertes y decidimos asumir nuestra responsabilidad en el presente y hacia el futuro”.
La secretaria de Energía afirmó que en los foros que realiza el Senado sobre la reforma, “ha quedado claro que nuestra propuesta cumple, en todo momento, con lo establecido en la Carta Magna”.
Puntualizó: “se trata, en primer lugar, de que México pueda frenar y, de ser posible, revertir la tendencia que estamos observando desde hace varios años sobre la caída en nuestra producción, que ya acumula más de medio millón de barriles diarios.”
En segundo lugar –continuó–, “sabemos que debemos elevar significativamente nuestra tasa de restitución de reservas probadas. Desde hace varios años, no hemos podido reponer al ciento por ciento cada barril de petróleo crudo equivalente que sacamos. El año pasado apenas se restituyó medio barril respecto a lo que se extrajo en 2007.”
Como tercer punto, reiteró la declinación en que se encuentran los principales yacimientos de producción de crudo, “así como el hecho de que ya no se van a encontrar campos supergigantes en tierra o en aguas someras”, por lo que insistió en que en un futuro cercano, se tendrán que explotar yacimientos de mayor complejidad técnica y de más costo. Como cuarto y último punto, Kessel Martínez sostuvo: “es absurdo que este país esté importando productos derivados del petróleo.
“La reforma que estamos proponiendo responde a una visión integral del sector de hidrocarburos, y tiene como ejes rectores la transparencia y la rendición de cuentas. Proponemos garantizar la exclusividad de la renta petrolera y de la rectoría del Estado, así como multiplicar la capacidad operativa mediante nuevos esquemas de contratación”, señaló.

PRI y PRD desmienten a Kessel sobre análisis de reforma petrolera

Revista Proceso

jenaro villamil
* No será en julio cuando se alcance el consenso para dictaminar la iniciativa, aclara LabastidaMéxico, D.F., 26 de junio (apro).- Los senadores Francisco Labastida y Graco Ramírez desmintieron a Georgina Kessel, secretaria de Energía, poco después que ésta anunciara que el 22 de julio, al término de los debates sobre la reforma energética, el Senado procedería a dictaminar las iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón.En conferencia de prensa, Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado, reconoció que existe un acuerdo para que una vez que concluyan los foros de debate, se inicie el proceso de dictaminación, pero advirtió que no será en julio cuando se alcance la mayoría necesaria para presentar un dictamen ante el pleno.“¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Vamos a tener que sentarnos a escuchar los puntos de vista de las dependencias para poder llegar a un acuerdo sobre ello. Los miembros de la comisión con los funcionarios del gobierno. Es un proceso que obviamente toma tiempo”, aclaró el senador priista.Graco Ramírez reiteró, a su vez, que no existen condiciones para que se convoque a un nuevo periodo extraordinario, después del 22 de julio, con el objetivo de aprobar la reforma energética.“Será hasta el mes de septiembre y octubre en que estemos trabajando en el dictamen, en la posibilidad de presentar una propuesta de reforma”, precisó el senador perredista.Y advirtió que probablemente en agosto se presenten más iniciativas en materia petrolera. El PRI, por ejemplo, anunció que en julio dará a conocer la suya, y el propio Graco Ramírez adelantó que ese mes presentará una propuesta propia.El desmentido de ambos senadores a la titular de Energía se produjo durante el desarrollo del décimo tercer foro de debate, cuyo tema fue el nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos.En la mañana, ante el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Kessel sostuvo que se trataba de un “acuerdo parlamentario” dictaminar la reforma energética el martes 22 de julio.Cabe destacar que el panista Santiago Creel, presidente del Senado, reconoció desde el 18 de junio que existe un acuerdo suscrito en la Junta de Coordinación Política para que, al concluir los foros el próximo 22 de julio, arrancar de manera inmediata el proceso de dictaminación, y después pasar al siguiente paso, es decir, poner a consideración del pleno lo que se dictaminó en comisiones.Sin embargo, la mayoría de los senadores consultados reconoció que la eventual discusión y aprobación de la reforma petrolera se dará hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, y el análisis puede prolongarse incluso hasta octubre. Sin embargo, el 28 de este último mes arranca formalmente el proceso electoral federal de 2009.

Preciso, considerar la petroquímica “estrategia prioritaria”: expertos

Susana González G.
La industria petroquímica debe ser “estrategia prioritaria nacional”, porque incrementa 20 por ciento el valor original de los hidrocarburos y resulta vital para el abasto de materias primas para la industria nacional, advirtieron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el último día del debate sobre la reforma energética en la Facultad de Medicina.
Pero en lugar de ello “prácticamente la estamos dejando al garete”, y la iniciativa de reforma energética del gobierno de Felipe Calderón omite a Pemex-Petroquímica. Craso e incomparable error, porque se piensa hacer a un lado toda la infraestructura importante y matar de inanición a ese sector. Eso propone Calderón en lugar de usarla para potenciarla”, expuso Alejandro Villalobos, de la Facultad de Química, en la mesa Petroquímica, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados.
Más aún, la propuesta pretende “la desintegración total de Pemex”, acusó Sarahí Ángeles Cornejo, del Instituto de Investigaciones Económicas, pues explicó que se cortarían todas las fases de la industria petrolera si se privatizan ductos, almacenamiento y distribución de los productos refinados y de la petroquímica, porque las autoridades sólo privilegian la explotación, perforación y producción de crudo, cuando “la industria petrolera no es sólo eso”.
Y es que, a excepción de Pemex Exploración-Producción, las otras tres divisiones de la paraestatal (refinación, gas y petroquímica) “son prácticamente perdedoras o prácticamente están en números rojos”, refirió a su vez José Ángel Gómez Cabrera, de la Facultad de Ingeniería. La paraestatal, precisó, tiene capacidad instalada para producir 12.6 millones de toneladas de productos petroquímicos cada año, pero actualmente 16 de las 40 plantas existentes están fuera de operación.
Eso incrementa cada año el déficit en la balanza comercial, y sólo el sexenio pasado creció el número de toneladas de petroquímicos importados de 6.4 a 9 millones.
Además, con las reclasificaciones de la petroquímica básica y secundaria, que se hicieron desde los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari para permitir la participación del sector privado en dicha industria, Pemex fabrica actualmente sólo ocho de los 72 productos que antes elaboraba.
Así, sólo abastece 9 por ciento de la demanda nacional y la producción petroquímica representa apenas uno por ciento del producto interno bruto, cuando en otros países es de 4 por ciento, abundaron Sarahí Ángeles Cornejo y Alejandro Villalobos.
Alejandro Anaya Durand, de la Facultad de Química, expresó que no puede resultar más evidente el “desinterés” del gobierno hacia la petroquímica, pues entre 1991-2006 sólo destinó 2 mil millones de dólares al área, lo cual equivale a la sexta parte de lo que invirtieron las petroquímicas privadas.
“Tenemos que buscar una petroquímica integrada, porque aunque Pemex produce algunos petroquímicos, ¿de qué sirve si se le deja la parte más difícil y onerosa, mientras a la iniciativa privada se dan los insumos para la parte más rentable. Estamos descapitalizando a Pemex, eso no puede ser, hay que encadenar de nuevo”, manifestó Alejandro Villalobos, mientras Anaya Durán sentenció que la industria petroquímica” es y debe ser de México, de Pemex, y éste tiene que fortalecerse”.
Cambio climático, tema ausente de la propuesta presidencialPor otro lado, en la segunda y última mesa de discusión realizada en el auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina, Eduardo Vega López y Luis Miguel Galindo Paliza, académico y director de la Facultad de Economía respectivamente, criticaron que la propuesta presidencial de reforma energética no haga alusión explícita al cambio climático, a pesar de que debe ser un tema central, ya que resulta insostenible a nivel ambiental, pero también económico, seguir consumiendo combustibles fósiles. Inclusive, Vega Galindo planteó que parte de los recursos petroleros deben utilizarse para crear un nuevo modelo energético sustentable para impulsar el desarrollo de energía alternativas.

Otro modelo de nación, lo que hay atrás de la reforma a Pemex

Laura Poy Solano
Ampliar la imagen Adolfo Gilly, durante el debate Foto: María Luisa Severiano
Al concluir el debate universitario sobre la reforma energética, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmaron que tras la iniciativa de reforma petrolera presentada por el Ejecutivo federal prevalece no sólo un proyecto privatizador ajeno a los intereses del país y de los mexicanos, sino la consolidación de un nuevo modelo de nación en el que imperan los intereses de una nueva clase gobernante que cuenta con el apoyo del “poder de las finanzas y el monopolio televisivo”.
Reunidos en el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario, para analizar el contenido de la reforma y sus consecuencias políticas, jurídicas y sociales, aseveraron que ante un escenario en el que los recursos petroleros se han convertido en factor estratégico para las naciones, entregarlos al capital privado sería lanzar a México a una aventura política, geopolítica, jurídica y social “que nos llevaría a un desastre nacional que habrá que impedir por todos los medios”.
Adolfo Gilly, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, manifestó que la reforma propuesta ha sido demolida “punto por punto”, ante los argumentos presentados en los debates públicos, en los cuales ha quedado claro que se trata de una “tentativa de despojo y privatización de la riqueza petrolera mexicana”.
Esta nueva clase dirigente “de advenedizos”, agregó, representada en el gobierno de Felipe Calderón y del secretario de Hacienda Agustín Carstens, está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos “históricos, culturales, económicos y jurídicos” de México, con el fin de consolidar el orden social y político de la nueva riqueza financiera en “ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990”.
Claudia Sheinbaum, secretaria de patrimonio del “gobierno legítimo”, insistió en que “aun reconociendo que los excedentes petroleros después del subsidio a los gasolinas sean de 4 mil millones de dólares como afirma la Secretaría de Energía, se tendrían recursos suficientes para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex)”, y enfatizó que en la propuesta del Ejecutivo no sólo se abre la puerta a la privatización de los hidrocarburos, sino a un mayor debilitamiento de la paraestatal.
Arnaldo Córdova, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), destacó que, de aprobarse las iniciativas presentadas por Calderón, “lo que tendremos será un aplazamiento de la reforma fiscal y el Estado seguirá financiándose de los magros recursos que obtiene de los causantes cautivos y de la riqueza petrolera en vías de extinción”. Agregó que la modificación “no busca modernizar a Pemex, sino mantenerlo como hasta ahora, es decir, fuente de financiamiento fiscal, que llega a 40 por ciento del total de los ingresos del Estado”.
En tanto, Raúl Carrancá y Rivas declaró que ante una clara violación al artículo 27 constitucional, el presidente Felipe Calderón incurre en un acto “totalmente inconstitucional, que amerita juicio político, como un fuerte llamado de atención de la ciudadanía hacia una violación flagrante a la Carta Magna”.
Luis Javier Garrido, del IIS, aseguró que Calderón Hinojosa miente y engaña a los mexicanos con una “propuesta privatizadora y, con ello, comete un fraude a la Constitución quebrantando lo que Mariano Otero denominó el acuerdo fundamental de los mexicanos”.
Por ello, afirmó que ante el dominio inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos energéticos, el Ejecutivo federal “quiere burlarse de este principio constitucional”, por lo que, aseguró, con esta propuesta de reforma el mandatario queda como un “hombre mentiroso y profundamente descalificado”.
Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, pidió al Senado convocar a una consulta nacional sobre la reforma energética, y llamó a la ciudadanía a participar en los esfuerzos de convocatoria popular que fortalezca la consolidación de la democracia en los grandes temas de la nación.
Al clausurar los trabajos de un encuentro que reunió a más de 90 especialistas de la máxima casa de estudios y a ponentes independientes, estudiantes y trabajadores universitarios, Sergio Alcocer, secretario general de la UNAM, calificó de “inédita” la realización del debate, al que acudieron, aseguró, 5 mil asistentes, cuyos trabajos serán entregados en las próximas semanas a los senadores para que los analicen.

“Absurdo y lamentable, decir que no se considerará la consulta popular”

Andrea Becerril
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, no es portavoz del Senado, y sus declaraciones recientes, en el sentido de que no se tomará en cuenta la consulta popular para dictaminar la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que prueba es “la desesperación de Felipe Calderón y sus funcionarios, al no poder posicionar sus iniciativas privatizadoras”, advirtió el senador perredista Arturo Núñez.
En esto coincidió el también perredista Ricardo Monreal, y ambos pidieron a Kessel no confundirse, toda vez que el acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas en abril pasado, al concluir la toma de las tribunas de ambas cámaras, precisa que al finalizar los foros de discusión se iniciará el trabajo legislativo, no que se procederá a votar la reforma.
Por separado, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida Ochoa, comentó que después de la conclusión de los foros de consulta –el próximo 22 de julio–, los integrantes de las comisiones dictaminadoras comenzarán a reunirse. Dijo que no podría calcular cuánto tiempo les llevará la discusión jurídica y la búsqueda de acuerdos en torno a los cambios que realizarán.
Cuestionado sobre la consulta popular que efectuarán los perredistas en algunos estados, consideró que todo partido tiene derecho a aplicar ese tipo de mecanismos ciudadanos, pero los senadores están en la obligación de legislar y llevar a cabo las modificaciones correspondientes a las iniciativas de Calderón.
Integrante de las comisiones dictaminadoras, el senador Núñez consideró “absurdas y lamentables” las afirmaciones de Kessel de que se dictaminará la reforma de Pemex sin tomar en cuenta la consulta popular que se llevará a cabo. “Esa decisión corresponde a los senadores, no a una empleada del Ejecutivo”, advirtió.
“Es evidente que en el gobierno de Calderón están desesperados porque no han logrado el respaldo para su reforma. Removieron incluso al coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel; trataron de desacreditar los foros de debate y ahora quieren modificar las reglas, al traer directamente a funcionarios de Hacienda y otros servidores públicos, porque no han encontrado a nadie que abiertamente dé la cara por una propuesta que pretende entregar el petróleo a intereses extranjeros”, destacó.
Por separado, Monreal Ávila comentó que a Calderón le preocupa también mucho la fuerza que ha ido cobrando el movimiento en defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y de ahí “los desatinos del gobierno de facto”.
Adelantó que no se opondrá a la decisión de la Junta de Coordinación Política de hacer descuentos en los salarios de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) que faltaron a sesiones el pasado periodo ordinario, por mantener las tomas de tribunas.
“En mi caso, si quieren rebajarme todo abril o todo el año, no tengo ningún inconveniente, porque con ese movimiento logramos detener que se aprobara al vapor la reforma privatizadora de Pemex”.Resaltó que ha sido esencial la realización del debate en el Senado, porque en voz de técnicos, académicos y expertos en el tema se ha puesto de manifiesto que la propuesta de Calderón viola la Constitución y pone en riesgo el futuro del país al proponer que la renta petrolera pase a manos de trasnacionales.