Hay que correr a Mouriño, Carstens, Kessel y Reyes Heroles para evitar el colapso: AMLO

Periódico La Jornada

■ Uno es delincuente confeso; otro sigue dictados del exterior; los restantes buscan entregar el petróleo, acusa
■ Plantea que sean sustituidos por gente honesta proveniente de la sociedad civil
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Ampliar la imagen Andrés Manuel López Obrador, ayer en Ciudad Valles Foto: La Jornada
Ciudad Valles, SLP, 24 de mayo. Andrés Manuel López Obrador propuso aquí destituir “por lo menos” a los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Hacienda, Agustín Carstens; de Energía, Georgina Kessel, y al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles González Garza, como parte de un plan emergente para frenar la descomposición social, producto de una política neoliberal que apoya “el gobierno usurpador del PAN, que ha sido incapaz de generar empleos o de apoyar las actividades del campo”.
Respecto de Mouriño, López Obrador advirtió que no puede resolver los problemas de inseguridad pública “un personaje que es un delincuente confeso y que está acusado de tráfico de influencias por firmar contratos en favor de las empresas de su familia desde cargos públicos”; en el caso del titular de Hacienda, por seguir una política económica ordenada desde el extranjero o del Fondo Monetario Internacional, que no ha generado empleos ni bienestar para el país; a la titular de Energía y al director de Pemex, por apoyar una política entreguista que va a ahondar más los problemas económicos y la espiral de violencia.
“Lo subrayo: por lo menos sustituir a estos cuatro funcionarios, si se quiere terminar con esta grave crisis política y económica que afecta al país. No quiero parecer asesor del gobierno espurio, pero lo subrayo: propongo que se cambien por miembros de la sociedad civil honestos, que quieran a México, que quieran servir al pueblo y que no estén al servicio de una minoría rapaz. Es urgente cambiar la política económica y social.” López Obrador advirtió que no se puede renovar la vida pública de México ni se resolverán los problemas de seguridad “con más Ejército y policías en las calles o leyes más duras, sino con el cambio de la política social. El tema de la seguridad fue tomado por Calderón de una manera tan frívola, que pensó que vistiéndose de militar, con un uniforme que le quedaba grande y lo hacía parecerse al sargento Borolas, iba a tener resultados, pero esto es algo serio y debe atenderse de manera seria”.
Interrogado por unos 700 brigadistas reunidos en el paseo Rafael Curiel de esta ciudad, sobre la permanencia o no de Calderón en la Presidencia de la República, López Obrador subrayó que hay que correr “por lo menos a estos cuatro”, aunque subrayó que la responsabilidad de las acciones de gobierno es exclusiva de Felipe Calderón.
“Yo no quería opinar sobre esto, pero la situación económica y de creciente inseguridad pública me obliga a dar mi punto de vista. Nosotros no apostamos al colapso del país, pero esta situación a la que se ha llegado por una política errática del gobierno espurio es suficiente para decirle a aquellos que impusieron a Calderón: ¡tengan para que aprendan!, y subrayar que se debe renovar la vida pública de México y con ella, cambiar la política económica y social.”
Al continuar por la Huasteca potosina sus reuniones con las brigadas en defensa del petróleo, que lo llevaron hasta Tampico, Tamaulipas, López Obrador destacó que en esa región hay recuerdo de lo que representó la participación foránea en la explotación del petróleo. Mencionó que entonces esas empresas dominaban grandes extensiones del territorio nacional y hacían lo que les venía en gana. Contaban con ejércitos propios, guardias blancas y controlaban a políticos y medios de información.
Destacó que en ese momento los familiares de Porfirio Díaz y el propio mandatario eran socios de dichas empresas, al grado que el dictador recibió beneficios ya exiliado en Francia de la petrolera El Águila. “Era tanto el poder de las compañías petroleras extranjeras, que por décadas evitaron que se reglamentara el artículo 27 constitucional, a pesar del intento de varios presidentes. Fueron estas empresas las que auspiciaron a Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Madero y a José María Pino Suárez (vicepresidente), mientras que el número dos de las guardias blancas encabezó el asesinato de Venustiano Carranza”.
Cuando se intentó reglamentar este artículo, “hubo incluso amenazas del gobierno estadunidense de invadirnos y constituir un nuevo país: la república del Golfo de México en la zona donde, precisamente, están los pozos petroleros”, enfatizó el tabasqueño, al advertir que ése es el tamaño del peligro que enfrentaría el país si se permitiera nuevamente la intervención extranjera en la explotación del crudo mexicano.
En su extensa alocución histórica, López Obrador destacó que la formación del PAN como partido se dio un año después de que el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. “Nacieron cuestionando la nacionalización del petróleo y ahora, siendo un gobierno usurpador, quieren cobrarle al país esa factura y devolver a intereses ajenos de la nación el control de un insumo fundamental para sacar al país de esta profunda crisis”.

Caso Mouriño (secretario de gobernación español de nacimiento) Exoneración sospechosa.

Caso Mouriño, exoneración sospechosa

Revista Proceso
Jesusa Cervantes México, D.F., 12 de mayo (apro).- Aun cuando la comisión especial de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y consideró legales los convenios “multianuales” que firmó a nombre de la empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar con Pemex-Refinación, de 1997 a la fecha, denuncias que obran en el propio Órgano Interno de Control de la paraestatal cuestionan la legalidad de dichos documentos.Xavier López Adame, presidente de la “Comisión de investigación para conocer de la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha”, informó el pasado 8 de mayo --cinco días antes de que venciera el plazo fijado para entregar su informe final, este martes 13--, que “hasta ahorita no hay ninguna posibilidad de que (Mouriño) haya podido traficar con influencias”.Sin embargo, en entrevista con Proceso, el pasado 29 de abril, López Adame aceptó que un convenio --como fue el caso del objeto de investigación de los diputados--, “definitivamente no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales”; pero más adelante dijo que se pueden exceptuar los casos y recurrir a la adjudicación directa, si ello implica un ahorro al gobierno.“Puede ser el caso de transporte de combustible, bajo esta modalidad los convenios multianuales pueden ser legales, ya que no son directamente con el autotransportista, sino que son convenios regulatorios que no le da un beneficio a una empresa particular; porque no estás contratando anualmente y garantizando alguna parte del presupuesto público”, declaró a Proceso.El pasado 16 de febrero, la revista Contralínea reveló la existencia de 8 convenios entre Pemex-Refinación e Ivancar, sin mediar licitación alguna y donde Juan Camilo Mouriño firma en su calidad de representante legal de la empresa familiar.Inmediatamente, diputados del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), demandaron la creación de una comisión especial que indagara el posible tráfico de influencias en que habría incurrido el actual secretario de Gobernación, pues durante ese tiempo ocupó los cargos de diputado federal y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.El FAP exigió la revisión de contratos entregados por Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero la Cámara de Diputados aprobó su creación a cambio de limitar sólo “la legalidad” de 16 contratos de Pemex-Refinación, y en particular los 8 firmados por Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, se negó a participar cuando el PRI y PAN negociaron los términos de la comisión. “El frente no acepta limitantes en términos de qué contratos sí y qué contratos no. Aquí se aprobó un asunto que tiene que ver con una de las empresas de Pemex y además no se toca a la CFE. ¿Por qué nos interesa tanto la CFE y otras empresas?, pues porque Mouriño fue subsecretario de Energía. Decidimos no entrar en una participación subordinada en una comisión que ya sabemos hacia dónde va: la exoneración de Mouriño”, dijo Javier González Garza el 13 de marzo, fecha en que se aprobó la creación de la comisión investigadora.“Es una comisión tapadera”, afirmó.En la entrevista con Proceso López Adame, integrante de la fracción del PVEM, dijo que “las afectaciones” que pudieran tener por investigar al secretario de Gobernación “no orientarán el juicio de la comisión”. Es decir, que harían su trabajo de investigación a fondo.Sin embargo, las indagaciones del presidente de la comisión, de los panistas Obdulio Ávila y Antonio Valladolid; del priista Raul Cervantes; del diputado de Convergencia, Armando García Méndez; y el del Partido Nueva Alianza, Miguel Angel Jiménez Godínez, se limitaron a llamar a comparecer a dos funcionarios: el director de Pemex-Refinación, José Antonio Ceballos Soberanes, y el secretario de la Función Pública, Savador Vega Casillas, así como el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Tirso Martínez. Además, acudieron al Registro Público de la Propiedad de Campeche para solicitar la certificación de las actas constitutivas de Ivancar y Grupo Energético del Sureste, las cuales, por cierto, hacía meses que eran públicas e incluso se habían detallado en diversos medios de información.Durante la entrevista, López Adame repitió los argumentos que tanto Pemex como la SFP expusieron durante sus comparecencias y con los que eludían de toda responsabilidad a Juan Camilo Mouriño.Por ejemplo, al cuestionarlo sobre la legalidad de los convenios --objeto de estudio de la comisión-- y sobre si un convenio puede estar por encima de la ley, respondió:“En 1993 la Secodam (la extinta Secretaría de la Contraloría) dijo que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones vigente porque sería retroactiva… Y lo que quiere establecer esta comisión es qué es más barato para Pemex, licitar o la adjudicación directa.”--Esa fue la opinión de la Secodam, pero desde su punto de vista, ¿un convenio puede estar por encima de la ley? Porque lo que ustedes investigan es la “legalidad” del contrato, no lo que es más barato para Pemex.--No. Definitivamente un convenio no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales y la retroactividad es un principio constitucional.López Adame se refería a la Ley de Adquisiciones --modificada en 1996--, la cual establece que todos los contratos de obra deben licitarse, a excepción de los casos en que puedan existir pérdidas o costos adicionales para el Estado; y como el convenio marco sobre el cual se basan los contratos entregados a Juan Camilo Mouriño se firmó en 1993, la Secodam determinó que la ley no se puede aplicar retroactivamente.Sin embargo, aunque la Secodam estableció que no se podía obligar a Pemex-Refinación licitar la obra o servicio que contrata, el artículo 134 de la Constitución --que está por encima de la Ley de Adquisiciones y de todo convenio--, en su párrafo segundo establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, “se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”.El 27 de julio de 2006, motivados por la celebración de convenios iguales que Pemex-Refinación entregó a otras empresas, los entonces diputados federales Sofía Castro, del PRI, y Jesús González Schmall, de Convergencia, denunciaron la ilegalidad de dichos contratos; incluso le remitieron copia al entonces titular del órgano de control interno de Pemex, Gregorio Guerrero Pozas, recién nombrado contralor del Instituto Federal Electoral por los diputados que hoy investigan a Juan Camilo Mouriño.En su argumentación, los exlegisladores presentaron el acuerdo del 3 de marzo de 2003 del consejo de Administración de Pemex, donde se pide dar por terminado el convenio de 1993 que Pemex-Refinación signó con la Canacar y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Transportistas A.C. Curiosamente presenta como argumento la opinión de la Secodam.Pero ambas asociaciones se ampararon y un juez les dio la razón. Esto dio lugar a que Pemex-Refinación tratara de negociar con ellas; solo lo aceptó la Canacar --agrupación a la que pertenece la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño y donde participan 143 empresas, la otra agrupación aglutina sólo a nueve--, a cambio, Pemex-Refinación le ofreció a Canacar el 5 de octubre de 2004 un nuevo convenio que entró en vigor hasta el 26 de enero de 2005, con una vigencia “hasta de cuatro años”, pero sólo si se desistía de las acciones legales emprendidas por los transportistas.Entre los beneficios estaría nuevamente la adjudicación directa y que los contratos o convenios fueran “multianuales”, incluso Ivancar, de Juan Camilo Mouriño, cuenta con un contrato de este tipo firmado el 1 de junio de 2005 con una vigencia al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de 39 millones 646 mil 477.27 pesos, formalizado por Oswaldo Machado, subgerente de Operaciones. La Asociación no aceptó y aún mantiene un litigio con Pemex; pero la paraestatal no justificó las razones de la adjudicación directa, sino hasta el 2 de marzo de 2005.La Ley de Adquisiciones, en su artículo 41, párrafo III, permite la adjudicación directa sólo cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados”.Sin embargo Pemex, en su reunión del Consejo de Administración del 10 de diciembre de 2004 se comprometió a “elaborar un análisis del costo-beneficio con la participación del Órgano Interno de Control de Pemex-Refinación pero de la documentación con que se cuenta (dicen los demandantes), no se desprende la existencia de ese análisis”.Pero no sólo eso, Pemex puso como justificación para recurrir a la adjudicación directa para Canacar que el servicio que ellos prestan tiene un costo asociado de 200 millones de dólares al año para el Sistema Nacional de Refinación “debido a que 21 terminales de almacenamiento y distribución, la red aeroportuaria y refinerías del sistema únicamente pueden recibir sus productos por medio terrestre, con un costo social derivado del desabastecimiento y probables bloqueos a instalaciones de Pemex, lo que conllevaría a un riesgo económico, político y social”, se lee en el “Dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, fechado el 2 de marzo de 2005.En su demanda, los exlegisladores señalan que la “adjudicación directa la fundamenta (Pemex) en el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones y no se acreditan a ciencia cierta los supuestos para inferir pérdidas o costos debidamente justificados y la Gerencia de Transporte Terrestre dictamina sólo con base en especulaciones”.Otro dato que llama la atención es que el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Pemex-Refinación, autorizó el 9 de marzo de 2005, la celebración de convenios mediante adjudicación directa a Canacar, cuando esto se había realizado desde el 26 de enero, “por lo que, al parecer, el Comité únicamente regularizó la adjudicación ya realizada… aunado a que no se rindió en tiempo el informe justificado por parte del Jurídico de Pemex, situación que resulta necesario analizar para conocer qué tanta influencia tuvo esa omisión en la concesión de la suspensión definitiva decretada a favor de la Canacar, con independencia de que se desistieron del juicio de garantías”.Todas estas aseveraciones que los exdiputados realizaron en su denuncia y que soportan con documentos, al parecer no fueron analizado por la comisión Mouriño encargada de investigar “la legalidad” de los contratos.Estos movimientos que realizó Pemex-Refinación y que beneficiaron no sólo a Ivancar, la empresa familiar del secretario de Gobernación, fueron ordenados por el entonces director de esta subsidiaria, Juan Bueno Torio, quien también benefició a empresas de sus familiares con este tipo de contratos.Bueno Torio, hoy senador de la República, fue quien dio la orden para que el citado “convenio marco” se negociara con la Canacar a cambio de que se desistiera del proceso judicial que abrió en contra de Pemex.La comisión Mouriño tiene de plazo el 13 de mayo para entregar su informe final a la Junta de Coordinación Política; los miembros del FAP no participaron en ella por considerarla una “comisión tapadera”.

González Garza: grupo Mouriño beneficiado en contratos de CFE

En Sener se diseñó un proyecto que favoreció a una empresa comprada por esa familia, dijo.
La Jornada On Line Publicado: 15/05/2008 15:23
México, DF. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, dijo tener documentación que prueba que el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, está involucrado en contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que éstos no pudieron ser investigados por la comisión legislativa que indagó sin éxito el probable tráfico de influencias del funcionario.
En conferencia de prensa, el diputado relató que según tales pruebas se advierte que en 2003, desde la Secretaría de Energía se diseñó un "proyecto empresarial y político" para favorecer a una empresa que fue comprada por la familia de Mouriño Terrazo.
La empresa Gándara, manifestó el perredista, se ubica en Pontevedra, España y está dedicada a fabricar equipo para la refinación y petroquímica, así como a la construcción de torres eólicas.
Según González Garza, al momento de la transacción, Gándara reportaba ventas por 12.8 millones de euros (mde) y pérdidas en sus balances contables. Para este 2008, las ganancias ascienden a 1.04 mde y ventas por 28.4 mde.
Aseguró que uno de los clientes principales de Gándara es la empresa Gamesa, la cual participó en la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca. Dicha licitación pública fue realizada por la CFE en 2005.
Otro de los proyectos en los que se encuentra involucrado Gándara es en la construcción de una planta energética en Progreso, Yucatán, en una propiedad que, curiosamente, fue comprada al gobierno estatal por la inmobiliaria Grupo Energético del Sureste (GES), perteneciente también a la familia Mouriño.
Dijo que próximamente también dará cuenta de otras irregularidades de GES con contratos con el IMSS, ISSSTE, concesión de gasolinerías, apoyos ilícitos a Pymes y un contrato para modernizar la central nucleoeléctrica Laguna Verde.El legislador comentó que pese a contar con pruebas de su dicho no acudirá a la Procuraduría General de la República al considerar que no prosperará la denuncia.

Exoneran diputados a Mouriño por “tráfico de influencias”

Aunque la comisión que se encarga de investigar el trafico de influencias del secretario español (nacido en España, lo cuál no puede ser secretario de gobernación, pero ante la impunidad del gobierno usurpador todo es posible, violan las leyes a la hora que quierén) bueno te comentaba de la comisión que esta formada por partidos a favor del gobierno (peleles), era lógica esta resolución, como siempre dandonos atole con el dedo. Los únicos partidos que no aceptarón esta vendida comisión fuerón: PRD partido de la revolución demócratica, PT partido de trabajo y el partido convergencia, a continuación te presento la noticia completa.

Exoneran diputados a Mouriño por “tráfico de influencias”Revista Proceso
Jesusa Cervantes
México, D.F., 8 de mayo (apro).- La comisión legislativa que indaga “la legalidad” de los contratos que Pemex-Refinación entregó a la empresa familiar del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, exoneró a éste del delito de “tráfico de influencias” en el transporte de hidrocarburos.“El resultado de las investigaciones que estamos analizando, hasta ahorita, no nos indican ninguna posibilidad de que haya podido traficar”, aseguró Xavier López Adame, presidente de la comisión encargada de analizar la “legalidad” de los 16 contratos que la empresa Transportes Especializados Ivancar ha recibido y de los cuales siete contienen la firma de Mouriño Terrazo.El argumento que el presidente de la comisión dio para sostener tal afirmación, fue que Mouriño no lo hizo “porque no era posible” recurrir al tráfico de influencias.La comisión fue constituida el 13 de marzo pasado; el 13 de mayo deberá entregar su informe a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y ésta deberá informar al pleno de sus resultados.“La negociación de Ivancar con Pemex-Refinación es igual para todas las empresas transportistas y la asignación de recursos con el contrato que le asignan a Ivancar depende del número total que tiene cada empresa (de unidades) y es una fórmula que tiene establecida el Comité de Precios y Adquisiciones de Pemex-Refinación desde hace mucho tiempo”, añadió.El presidente de la comisión, quien forma parte del grupo parlamentario del PVEM, exculpó también a la paraestatal: “El punto es que Pemex-Refinación sí ha cumplido con lo que marca la ley en la materia y eso es lo que estamos viendo y observando en esta comisión”.Respecto al calificativo de “exonerar” al secretario de Gobernación, López Adame aclaró que en la comisión a su cargo “no hay exoneración ni culpabilidad de nadie. No son facultades de los diputados ni de ninguna comisión de investigación”.“Lo que apunta es que en todas las contrataciones que hace Pemex-Refinación a transportistas, son vía adjudicación directa, que las empresas en particular no tienen participación directa en las negociaciones ni en los clausulados de esos convenios, y otro tipo de situaciones”, comentó.En cuanto a una posible comparecencia de Juan Camilo Mouriño, el presidente de la comisión informó que no se le solicitará: “No estamos en condiciones de tiempo y de las condiciones políticas del país, creo que no son convenientes para estar solicitando aquí la presencia del secretario de Gobernación, pero puede comparecer por escrito y es lo que estamos haciendo en este momento.”A Juan Camilo Mouriño se le solicitará su opinión al respecto y responderá lo que, a su parecer, convenga, pues “si tiene algo que decir, es su derecho; que lo diga adicionalmente, nosotros tenemos en nuestro poder todos los documentos que nos permiten analizar este caso, incluyendo sus participaciones o no accionarías dentro de la empresa”.--¿El documento de trabajo (que entregarán) es a favor del secretario? --se le preguntó--Eso es lo que estamos viendo.--¿Y los contratos no son prueba de nada?--Los contratos de lo único que hablan es que Ivancar venía contratando con Pemex-Refinación a través de órdenes de trabajo, adjudicaciones directas, igual que todas las empresas transportistas, y todas las empresas contratistas del país contratan con Pemex-Refinación a través de la figura de adjudicación directa. No hay aquí ningún tipo de observación que hay que hacerle a la empresa”.Subrayó:“Nosotros no tenemos hasta el momento ningún tipo de información que nos diga que Ivancar fue favorecida de alguna manera.”Ante los señalamientos que realizó el Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por el PRD, PT y Convergencia, sobre la conformación de una comisión investigadora “a modo y tapadera” del secretario de Gobernación, López Adame respondió:“No hay fast track, estamos cumpliendo con el mandato que nos ha dado el pleno de la Cámara de Diputados (que fue de 60 días), hemos estado trabajando puntualmente, sesionando, cumpliendo con nuestro plan de trabajo; en segundo lugar, todos los que acusan no han acusado en ningún sentido ni a esta comisión, ni a las autoridades competentes.“Además –dijo--, yo no tengo noticias de que hayan presentando algún documento o una sola denuncia, entonces se acusa, pero con qué base, es absurdo.”La comisión se instaló hoy en sesión permanente para elaborar su informe final y entregarlo el próximo 13 de mayo a la Junta de Coordinación Política.

Historial académico de Mouriño, una incógnita más

Revista Proceso

Historial académico de Mouriño, una incógnita más

Rosa Santana
Campeche, Cam., 5 de mayo (apro).- La forma en que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, obtuvo la maestría en Administración, con especialización en Finanzas, por la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) es, igual que su nacionalidad, todo un enigma.Y es que, inexplicablemente, las autoridades universitarias decidieron clasificar como “confidencial” el expediente académico del exjefe de la Oficina de la Presidencia.Lo más que se sabe es que Mouriño curso la maestría de 1998 a 2000, cuando fungía como dirigente estatal del PAN y que la maestría que presume en su currículo la obtuvo siete años después, en 2007, ya como jefe de la Oficina de la Presidencia.Personal académico de la UAC consultada por esta reportera comenta que durante el periodo que Mouriño cursó la maestría fue cuando más vigilada estuvo la universidad. Aunque la vigilancia en torno de su persona data de 1995, luego de que fue víctima de un secuestro.No obstante, nadie en la universidad campechana sabe, a ciencia cierta, cómo, con qué trabajo y quiénes fueron los sinodales del actual secretario de Gobernación para obtener el grado de maestro en Administración, con especialización en Finanzas.Ni siquiera la directora de la Facultad de Contaduría, Rosalinda Echavarría Sánchez. En entrevista con la agencia Apro, la académica asegura que Mouriño Terrazo cursó la maestría en Administración de 1998 a 2000; que el examen de titulación lo presentó apenas el semestre pasado, y que eligió la elaboración de una tesina como opción para obtener la maestría en Administración, con especialización en Finanzas. Sin embargo, en la biblioteca central de la UAC no hay rastros de dicha tesina. Echavarría Sánchez explica que la normatividad escolar ni fija ningún plazo para titularse en posgrado y reitera que Mouriño eligió la tesina como opción para titularse. Esta vía es el procedimiento más rápido para obtener el título.Al preguntarle sobre el tema de la tesina que presentó Mouriño, la directora de la Facultad de Contaduría de la UAC responde, esquiva: “Él estudió una maestría con formación en Finanzas, luego su tema de tesis tenía que versar sobre lo que estudió, independientemente de la vida profesional, tiene que versar lo que estudió, no tuvo nada que ver con el actual empleo en el que está.” --¿Pero cuál fue el tema?, insiste la reportera.La catedrática universitaria responde: “No recuerdo el tema. Debe estar… yo los mando todos los ejemplares a la Biblioteca Central y ahí ya es acceso público. La verdad yo insisto mucho, hay ciertas informaciones que ya con la Ley de Transparencia no nos permiten proporcionar, no es porque se trate precisamente de él, para mí, él aquí es un estudiante más y así siempre se ha manejado, no hay concesiones absolutamente para nadie.Subraya, así mismo, que aparte de la tesina, Mouriño presentó un examen oral.--Entonces, ¿se puede saber la fecha de titulación?, --Ese dato, la verdad… no tengo un dato exacto de la fecha en que se tituló.--Sus sinodales, ¿quiénes fueron? --Pues…. Ja, ja, ja… --¿Su asesor de tesis? --se le pregunta. Rosalinda Echavarría niega con la cabeza.--¿El coordinador de posgrado? --Él no da información si yo no autorizo. No es cuestión de triangular, es cuestión de respeto a la información personal. --¿Aprobó por unanimidad? --!Tiene el título! Eso es un dato confidencial que no puedo dar, ni de él ni de nadie. Ni por la Ley de Transparencia, la normatividad marca que el voto secreto.--¿Fue un alumno brillante? --se le inquiere a la directora de la Facultad. --Esos son datos que… creo que… todos los alumnos que estudian con nosotros desde que concluyen es que son brillantes pero de manera general --responde titubeante.--¿Destacado? --se le insiste.--Si era un alumno destacado --acepta, pero se resiste a divulgar la calificación del secretario de Gobernación. --¿Más que el promedio?--Para nosotros fue un alumno más --ataja. Y embiste impaciente: “Sí, sí fue un alumno destacado; sí, sí tuvo un excelente promedio; pero no nada más él estuvo en esta generación, y nosotros como Facultad, como institución, vemos alumnos, su función académica aquí, aquí lo que buscamos son alumnos independientemente a nivel licenciatura o a nivel posgrado que sean comprometidos con la institución educativa. Y a cualquiera, al gobernador, el presidente, el que sea que venga a estudiar aquí la exigencia es la misma.”--¿Él sí era comprometido?--Sí, como cualquier alumno. Sí, sí era comprometido, realmente sí. Pero nosotros como institución educativa, repito, sí somos muy exigentes. Eso lo puedo garantizar y como institución estamos acreditados en un programa de licenciatura, hemos logrado primeros lugares en Ceneval, por la exigencia que se tiene.Argumentó que no puede revelar el promedio con el que se tituló el actual secretario de Gobernación porque “esos datos ya son muy personales” y como institución educativa no puede proporcionar porque hay una ley que le impide hacerlo.--Paradójicamente la ley que aduce es la Ley de Transparencia y Acceso a la información.--Allá se señala lo solicitado como dato personal. Y no es porque sea él, eh? De ningún alumno en general y alguien externo a él me venga a pedir información, no la damos.--¿Se puede conocer su récord de asistencia? --Aquí los alumnos deben cubrir 90% de asistencia para que puedan acreditar y concluir sus estudios. Insisto, él como cualquier otro alumno fue tratado de la misma manera. Atendiendo a la sugerencia de Echavarría Sánchez se buscó la supuesta tesina en la Biblioteca Central de la UAC, pero en los registros bibliotecarios no apareció ningún autor de apellido Mouriño. La reportera solicitó, entonces, la información a través de la Unidad de Enlace de la UAC., pero ésta fue denegada. La respuesta al folio 71, con el que se marcó la solicitud, fue que “con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 4 Fracción IX, 27 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Campeche, no es posible otorgarle la información que requiere en razón de estar clasificada como confidencial de conformidad con los preceptos antes invocados. “En razón de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, es pertinente señalar que la información solicitada encuadra en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 27 de dicha ley, máxime que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona al establecer en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”“En razón a lo anterior, es claro que el Estado Mexicano ha consolidado el respeto a los datos personales y a su vez ha claramente delimitado en dicho precepto que los datos personales se encuentran dentro de la esfera de la vida privada de una persona y que cualquier contravención a ello debe ser considerado como actos autoritarios carentes de la legalidad que caracteriza a las acciones de los entes y dependencias del Poder Público.“Por tal motivo, como se señala en líneas previas al consolidarse el derecho a la vida privada como garantía individual de primera generación, que únicamente pueden ser suspendidas en los casos y condiciones que la propia Constitución precisa, al no actualizarse ninguno de dichos supuestos, es de resolverse que no es posible acceder su solicitud.”

La indagatoria, una farsa. De Juan Camilo Mouriño

Revista Proceso
La indagatoria, una farsa
En su intento por limpiar la imagen del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el gobierno federal incurrió en un acto “ilegal y contrario a la Constitución”, en tanto que la Cámara de Diputados vició el procedimiento “violentando el espíritu” de la Carta Magna.Para el abogado Jaime Cárdenas Gracia, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y para el constitucionalista Elisur Arteaga, estas maniobras muestran que el objetivo de las autoridades es uno solo: exonerar al funcionario, publica Proceso en su edición 1638.En entrevistas por separado, ambos critican la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), que el martes 11 inició una averiguación previa para esclarecer los hechos que involucran a Mouriño en el posible tráfico de influencias, toda vez que, dicen, fungió como proveedor del gobierno federal a la vez que se desempeñaba como servidor público.Arteaga señala: “La PGR actúa a solicitud de Mouriño y lo hace como cómplice para exculparlo. Lo que está haciendo es violatorio de la Constitución. Se va a convertir en una instancia legitimadora de la ilegalidad de Mouriño.”A su vez, Cárdenas sostiene que el anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese mismo martes –en el sentido de que “hará un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, el origen y la legalidad de los contratos que fueron suscritos por Pemex Refinación y por la empresa Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V.” y de la cual el aún secretario de Gobernación firmó como apoderado legal– no tiene sentido, destaca en el reportaje que aparece en el número 1638.