Revista Contra línea
Nancy Flores
Irregularidades en la licitación para arrendar cinco buquetanques permiten a Pemex Refinación beneficiar a Blue Marine y a F. Tapias. La primera es investigada por PGR, SFP y ASF por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias; a la segunda, de origen español, Juan Camilo Mouriño le prometió contratos multimillonarios en la paraestatal mexicana. El negocio involucra más de 5 mil millones de pesos.
“Errores” en la redacción de las bases de la licitación pública internacional 18576018-022-07 de Pemex Refinación –que sacaron de la competencia a decenas de empresas- navieras–, aplazamientos en momentos clave del proceso y la renuncia de la Fundación Heberto Castillo como testigo social, luego de señalar actos de posible corrupción, permitieron a Blue Marine Shipping y a F. Tapias ser únicas finalistas.
El arrendamiento de cinco buquetanques con opción a compra involucra un gasto público por 5 mil 294 millones 775 mil 90 pesos: los precios por embarcación van de los 943 millones 885 mil a los 1 mil 93 millones 747 mil pesos. Por la importancia del monto, la contratación es considerada una de las más importantes en la subsidiaria que dirige Antonio Ceballos Soberanis y en la propia administración de Jesús Reyes Heroles.No obstante, desde la publicación de la convocatoria el 27 de diciembre de 2007, el proceso fue señalado por faltar a la transparencia y beneficiar a algunos competidores. Ahora, los cuestionamientos se centran en las dos finalistas.
Blue Marine –que tiene entre sus accionistas a Juan Antonio Marcos Issa, presidente, y Juan Reynoso Durand, director corporativo– enfrenta investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por incurrir en supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias en la paraestatal petrolera.
También vinculada a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, esta compañía ofrece a Refinación tres barcos, ya construidos, por 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos. Los otros dos, que implican una erogación de 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos, son de F. Tapias, cuyos accionistas son la trasnacional Teekay Shipping y el empresario nacido en Vigo, España, Fernando Fernández Tapia.
A inicios de julio de 2007, esta trasnacional fue invitada por el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño a hacer negocios en Petróleos Mexicanos (Pemex). Entonces, el funcionario se reunió con Fernández Tapia y varios navieros de Vigo –de donde es originario su padre, Carlos Mouriño Atanes–, y les propuso participar en el sector mexicano, según dio a conocer el diario español La Voz de Galicia.
Blue MarineDe acuerdo con indagatorias de la contraloría federal, Blue Marine Technology Group y sus subsidiarias –Blue Marine Shipping, Arrendadora Ocean Mexicana, Ocean Mexicana y Subtec– podrían estar implicadas en una red de tráfico de influencias que opera en Petróleos Mexicanos y sus cinco filiales.La principal línea de investigación para la SFP es la relación de Marcos Issa con funcionarios y exfuncionarios de la petrolera: el presidente del grupo se desempeñó como coordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Luego dejar el cargo, su red empresarial creada en 1998 creció al amparo de los contratos con la paraestatal. De 2003 a 2007, las filiales del grupo Blue Marine se han adjudicado 15 contratos por un total de 2 mil 394 millones 971 mil pesos: Arrendadora Ocean Mexicana ha signado 12 convenios con Refinación, por 1 mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción, por 520 millones 919 mil pesos.El negocio actual, por los tres barcos, significa 129.7 por ciento más de lo que este consorcio ha acumulado en cinco años, pues compromete recursos por 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos.
De acuerdo con la SFP, la supuesta red implicaría al actual director de Pemex Refinación, Ceballos Soberanis, quien en 2007 le asignó dos contratos, uno de ellos sin licitación; el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel; el exdirector y actual senador, Juan Bueno Torio, y el exsubdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores.
Fuentes de la paraestatal explican que entre los contratistas involucrados estarían Marcos Issa, alias el Ciego; su yerno, Juan Reynoso Durand, y el hermano de éste, Alfredo; así como Amado Omar Yáñez Osuna, accionista de la empresa Oceanografía –también vinculada a los hermanos Bribiesca–, quienes habrían conseguido millonarios contratos para sí y para terceros.Según las fuentes informativas, las contrataciones se obtienen a cambio de importantes comisiones, que van desde el 20 hasta el 40 por ciento del monto del contrato.
Además, la Auditoría Superior de la Federación mantiene investigaciones abiertas por irregularidades detectadas en dos contratos que Refinación otorgó a Arrendadora Ocean Mexicana en 2005. Más aún, el 6 de diciembre de 2007 presentó una denuncia penal ante la PGR, derivada de la revisión de la cuenta pública 2005.
De acuerdo con el máximo órgano fiscalizador, de las auditorías a Pemex Refinación “resultaron presuntos responsables servidores públicos de las gerencias de Recursos Materiales y de Operación y Mantenimiento Marítimo; dos superintendencias generales de Compras, y dos coordinaciones especialistas”, al causar daños al erario por 66.2 millones de pesos.
En el arrendamiento del buque Torm Asia –contratos 4500155808 y 4500171600, por 75 millones 72 mil pesos– y del buque Akrotiri –contrato 4500176478, por 24 millones 742 mil pesos–, la ASF determinó que no fueron fundados ni motivados bajo las mejores condiciones para el Estado: economía, imparcialidad y honradez.
Respecto del expediente que obra en la PGR, el 8 de abril pasado la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exigir a la dependencia que ya concluya sus investigaciones y para solicitar a Pemex que, mientras la procuraduría no cierre el caso, cancele la participación del grupo en sus licitaciones y evite contratar a dichas empresas.
No obstante, el 27 de abril Carlos Ramírez Fuentes, vocero de la paraestatal, dijo al reportero Roberto Garduño, de La Jornada, que Pemex “no tiene posibilidad de impedir que Blue Marine y Ocean Mexicana participen en licitaciones para rentar buquetanques a la paraestatal, porque no se conoce que se haya publicado circular alguna en la que se notifique la inhabilitación de las citadas empresas, condición necesaria para que el organismo pudiera abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con las mismas”.F. Tapias
El caso de F. Tapias inició en julio del año pasado, cuando el entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón y actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, platicó con uno de sus accionistas: Fernando Fernández Tapia, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, España.
Se trató de una reunión que sostuvieron navieros de Vigo con el funcionario mexicano, para tratar las posibilidades de negocio en el sector marítimo de México. En su edición del 18 de julio de 2007, el diario La Voz de Galicia cita: “El hijo del actual presidente del Celta, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio negociaciones a corto plazo. Aunque el proyecto se ciñe, de momento, a una declaración de intenciones, el ejecutivo de Calderón prepara una visita oficial a México del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y de empresarios gallegos, antes de final de año”.
Agrega que “Mouriño Terrazo declaró que su gobierno está ‘muy interesado’ en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego, situado entre los mejores del mundo. ‘Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversores gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector’, dijo tras reconocer que la construcción naval ha sido ‘maltratada’ en su país los últimos seis años”.
Ahora, F. Tapias se estrena con un negocio que le significa ingresos por 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos, a cambio del arrendamiento de dos buquetanques con opción a compra.
Supuestas irregularidadesEl proceso de la licitación 18576018-022-07 inició en enero de 2007, cuando Pemex Refinación convocó a “representantes de las autoridades marítimas y administrativas” y a terceros interesados en el arrendamiento de buquetanques a trabajar de manera conjunta las prebases y el modelo de bases.
La invitación formó parte de los compromisos a los que se obligó la paraestatal, luego de las investigaciones abiertas en la SFP y la ASF en su contra y de sus filiales Refinación y Exploración y Producción, relacionadas con el supuesto arrendamiento irregular de embarcaciones.
En las “reuniones de transparencia con terceros” –como las llamó Pemex, según el boletín de prensa 03/2008– se acordó que el plazo para entregar las embarcaciones sería de hasta 480 días naturales después de la formalización del contrato.
Sin embargo, las bases de la licitación marcaron un lapso de sólo cuatro meses, al suprimir el punto 13.1 que, sin embargo, sí se cita en la convocatoria publicada el 27 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y en el portal Compranet.
La eliminación dejó fuera de la competencia a decenas de empresas que participaron en las mesas de transparencia. Algunos inversionistas señalaron de manera confidencial que los “errores” beneficiaban a Transportación Marítima Mexicana (TMM) y a Blue Marine (Contralínea 97).
No obstante, TMM fue rechazada por la paraestatal, al considerar que su propuesta para arrendar dos buques incumplía los principios de la convocatoria. En el camino también quedó Inbursa, de Carlos Slim, que a principios de año había adquirido dos embarcaciones.
Además de la inconformidad de los empresarios, el proceso enfrentó la renuncia de la Fundación Heberto Castillo como testigo social del proceso. Ésta, junto con el ingeniero Edgar Fernández Gómez, fue contratada en julio de 2007 para legitimar los nuevos arrendamientos. Cada testigo cobró 320 mil pesos por sus servicios de certificación.
El pasado 1 de marzo la fundación rechazó firmar un segundo contrato relacionado con esta licitación y pidió a la SFP le fuera revocada su autorización de testigo social. La asociación civil presume actos de corrupción de su representante, David Shields Campbell, y se deslinda de todos los contratos amparados por éste.
No obstante la renuncia de la fundación, los trabajos para conceder los multimillonarios contratos continuaron. Sólo se registraron dos retrasos en momentos cruciales: la apertura de propuestas y declaración de ganadores, que pasó del 1 al 22 de abril, y la declaración de ganadores, que se recorrió del 15 al 31 de mayo.
Hasta el cierre de esta edición, fuentes cercanas al proceso aseguraron que éste no se declararía desierto: los contratos serían adjudicados a Blue Marine y F. Tapias.
Irregularidades en la licitación para arrendar cinco buquetanques permiten a Pemex Refinación beneficiar a Blue Marine y a F. Tapias. La primera es investigada por PGR, SFP y ASF por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias; a la segunda, de origen español, Juan Camilo Mouriño le prometió contratos multimillonarios en la paraestatal mexicana. El negocio involucra más de 5 mil millones de pesos.
“Errores” en la redacción de las bases de la licitación pública internacional 18576018-022-07 de Pemex Refinación –que sacaron de la competencia a decenas de empresas- navieras–, aplazamientos en momentos clave del proceso y la renuncia de la Fundación Heberto Castillo como testigo social, luego de señalar actos de posible corrupción, permitieron a Blue Marine Shipping y a F. Tapias ser únicas finalistas.
El arrendamiento de cinco buquetanques con opción a compra involucra un gasto público por 5 mil 294 millones 775 mil 90 pesos: los precios por embarcación van de los 943 millones 885 mil a los 1 mil 93 millones 747 mil pesos. Por la importancia del monto, la contratación es considerada una de las más importantes en la subsidiaria que dirige Antonio Ceballos Soberanis y en la propia administración de Jesús Reyes Heroles.No obstante, desde la publicación de la convocatoria el 27 de diciembre de 2007, el proceso fue señalado por faltar a la transparencia y beneficiar a algunos competidores. Ahora, los cuestionamientos se centran en las dos finalistas.
Blue Marine –que tiene entre sus accionistas a Juan Antonio Marcos Issa, presidente, y Juan Reynoso Durand, director corporativo– enfrenta investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por incurrir en supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias en la paraestatal petrolera.
También vinculada a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, esta compañía ofrece a Refinación tres barcos, ya construidos, por 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos. Los otros dos, que implican una erogación de 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos, son de F. Tapias, cuyos accionistas son la trasnacional Teekay Shipping y el empresario nacido en Vigo, España, Fernando Fernández Tapia.
A inicios de julio de 2007, esta trasnacional fue invitada por el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño a hacer negocios en Petróleos Mexicanos (Pemex). Entonces, el funcionario se reunió con Fernández Tapia y varios navieros de Vigo –de donde es originario su padre, Carlos Mouriño Atanes–, y les propuso participar en el sector mexicano, según dio a conocer el diario español La Voz de Galicia.
Blue MarineDe acuerdo con indagatorias de la contraloría federal, Blue Marine Technology Group y sus subsidiarias –Blue Marine Shipping, Arrendadora Ocean Mexicana, Ocean Mexicana y Subtec– podrían estar implicadas en una red de tráfico de influencias que opera en Petróleos Mexicanos y sus cinco filiales.La principal línea de investigación para la SFP es la relación de Marcos Issa con funcionarios y exfuncionarios de la petrolera: el presidente del grupo se desempeñó como coordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Luego dejar el cargo, su red empresarial creada en 1998 creció al amparo de los contratos con la paraestatal. De 2003 a 2007, las filiales del grupo Blue Marine se han adjudicado 15 contratos por un total de 2 mil 394 millones 971 mil pesos: Arrendadora Ocean Mexicana ha signado 12 convenios con Refinación, por 1 mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción, por 520 millones 919 mil pesos.El negocio actual, por los tres barcos, significa 129.7 por ciento más de lo que este consorcio ha acumulado en cinco años, pues compromete recursos por 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos.
De acuerdo con la SFP, la supuesta red implicaría al actual director de Pemex Refinación, Ceballos Soberanis, quien en 2007 le asignó dos contratos, uno de ellos sin licitación; el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel; el exdirector y actual senador, Juan Bueno Torio, y el exsubdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores.
Fuentes de la paraestatal explican que entre los contratistas involucrados estarían Marcos Issa, alias el Ciego; su yerno, Juan Reynoso Durand, y el hermano de éste, Alfredo; así como Amado Omar Yáñez Osuna, accionista de la empresa Oceanografía –también vinculada a los hermanos Bribiesca–, quienes habrían conseguido millonarios contratos para sí y para terceros.Según las fuentes informativas, las contrataciones se obtienen a cambio de importantes comisiones, que van desde el 20 hasta el 40 por ciento del monto del contrato.
Además, la Auditoría Superior de la Federación mantiene investigaciones abiertas por irregularidades detectadas en dos contratos que Refinación otorgó a Arrendadora Ocean Mexicana en 2005. Más aún, el 6 de diciembre de 2007 presentó una denuncia penal ante la PGR, derivada de la revisión de la cuenta pública 2005.
De acuerdo con el máximo órgano fiscalizador, de las auditorías a Pemex Refinación “resultaron presuntos responsables servidores públicos de las gerencias de Recursos Materiales y de Operación y Mantenimiento Marítimo; dos superintendencias generales de Compras, y dos coordinaciones especialistas”, al causar daños al erario por 66.2 millones de pesos.
En el arrendamiento del buque Torm Asia –contratos 4500155808 y 4500171600, por 75 millones 72 mil pesos– y del buque Akrotiri –contrato 4500176478, por 24 millones 742 mil pesos–, la ASF determinó que no fueron fundados ni motivados bajo las mejores condiciones para el Estado: economía, imparcialidad y honradez.
Respecto del expediente que obra en la PGR, el 8 de abril pasado la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exigir a la dependencia que ya concluya sus investigaciones y para solicitar a Pemex que, mientras la procuraduría no cierre el caso, cancele la participación del grupo en sus licitaciones y evite contratar a dichas empresas.
No obstante, el 27 de abril Carlos Ramírez Fuentes, vocero de la paraestatal, dijo al reportero Roberto Garduño, de La Jornada, que Pemex “no tiene posibilidad de impedir que Blue Marine y Ocean Mexicana participen en licitaciones para rentar buquetanques a la paraestatal, porque no se conoce que se haya publicado circular alguna en la que se notifique la inhabilitación de las citadas empresas, condición necesaria para que el organismo pudiera abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con las mismas”.F. Tapias
El caso de F. Tapias inició en julio del año pasado, cuando el entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón y actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, platicó con uno de sus accionistas: Fernando Fernández Tapia, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, España.
Se trató de una reunión que sostuvieron navieros de Vigo con el funcionario mexicano, para tratar las posibilidades de negocio en el sector marítimo de México. En su edición del 18 de julio de 2007, el diario La Voz de Galicia cita: “El hijo del actual presidente del Celta, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio negociaciones a corto plazo. Aunque el proyecto se ciñe, de momento, a una declaración de intenciones, el ejecutivo de Calderón prepara una visita oficial a México del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y de empresarios gallegos, antes de final de año”.
Agrega que “Mouriño Terrazo declaró que su gobierno está ‘muy interesado’ en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego, situado entre los mejores del mundo. ‘Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversores gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector’, dijo tras reconocer que la construcción naval ha sido ‘maltratada’ en su país los últimos seis años”.
Ahora, F. Tapias se estrena con un negocio que le significa ingresos por 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos, a cambio del arrendamiento de dos buquetanques con opción a compra.
Supuestas irregularidadesEl proceso de la licitación 18576018-022-07 inició en enero de 2007, cuando Pemex Refinación convocó a “representantes de las autoridades marítimas y administrativas” y a terceros interesados en el arrendamiento de buquetanques a trabajar de manera conjunta las prebases y el modelo de bases.
La invitación formó parte de los compromisos a los que se obligó la paraestatal, luego de las investigaciones abiertas en la SFP y la ASF en su contra y de sus filiales Refinación y Exploración y Producción, relacionadas con el supuesto arrendamiento irregular de embarcaciones.
En las “reuniones de transparencia con terceros” –como las llamó Pemex, según el boletín de prensa 03/2008– se acordó que el plazo para entregar las embarcaciones sería de hasta 480 días naturales después de la formalización del contrato.
Sin embargo, las bases de la licitación marcaron un lapso de sólo cuatro meses, al suprimir el punto 13.1 que, sin embargo, sí se cita en la convocatoria publicada el 27 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y en el portal Compranet.
La eliminación dejó fuera de la competencia a decenas de empresas que participaron en las mesas de transparencia. Algunos inversionistas señalaron de manera confidencial que los “errores” beneficiaban a Transportación Marítima Mexicana (TMM) y a Blue Marine (Contralínea 97).
No obstante, TMM fue rechazada por la paraestatal, al considerar que su propuesta para arrendar dos buques incumplía los principios de la convocatoria. En el camino también quedó Inbursa, de Carlos Slim, que a principios de año había adquirido dos embarcaciones.
Además de la inconformidad de los empresarios, el proceso enfrentó la renuncia de la Fundación Heberto Castillo como testigo social del proceso. Ésta, junto con el ingeniero Edgar Fernández Gómez, fue contratada en julio de 2007 para legitimar los nuevos arrendamientos. Cada testigo cobró 320 mil pesos por sus servicios de certificación.
El pasado 1 de marzo la fundación rechazó firmar un segundo contrato relacionado con esta licitación y pidió a la SFP le fuera revocada su autorización de testigo social. La asociación civil presume actos de corrupción de su representante, David Shields Campbell, y se deslinda de todos los contratos amparados por éste.
No obstante la renuncia de la fundación, los trabajos para conceder los multimillonarios contratos continuaron. Sólo se registraron dos retrasos en momentos cruciales: la apertura de propuestas y declaración de ganadores, que pasó del 1 al 22 de abril, y la declaración de ganadores, que se recorrió del 15 al 31 de mayo.
Hasta el cierre de esta edición, fuentes cercanas al proceso aseguraron que éste no se declararía desierto: los contratos serían adjudicados a Blue Marine y F. Tapias.
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